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Entra en vigor en la UE la primera Ley de Inteligencia Artificial del mundo: claves y objetivos

La nueva ley pone un énfasis significativo en la transparencia. Las empresas deben informar a los usuarios cuando estén interactuando con un sistema de IA, ya sea en llamadas telefónicas o en chats donde interfieran chatbots.

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Claves de la Ley europea de Inteligencia Artificial

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EITB MEDIA

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Euskaraz irakurri: Indarrean da EBn adimen artifiziala arautzen duen munduko lehen legea: gakoak eta helburuak

Desde hoy, está en vigor en la Unión Europea la Ley de Inteligencia Artificial (IA), la primera del mundo para regular unos sistemas que permiten actuar de manera más precisa y eficiente que los humanos en muchos ámbitos e impulsar la innovación, pero que a la vez plantean importantes riesgos que el nuevo marco común trata de evitar. La norma busca impulsar la excelencia y la innovación tecnológica asegurando la protección de los derechos humanos.

Estas son las cinco claves principales de la nueva norma:

Objetivos

Los principales objetivos son establecer un marco jurídico armonizado en la Unión Europea para el desarrollo, la comercialización, la puesta en marcha y el uso de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), un área que puede generar muchos beneficios pero que conlleva riesgos. Asimismo, se pretende impulsar la innovación y erigir a Europa en líder del sector.

A quién se aplica

Las normas se aplican a los proveedores de sistemas de IA que se pongan en servicio o comercialicen dentro de la UE o cuya salida se utilice en la UE, con independencia de su origen.  También a usuarios de los mismos, considerando usuarios a quienes explotan esos sistemas.

No se aplica a las autoridades públicas de terceros países ni a organizaciones internacionales cuando utilicen sistemas IA en el ámbito de la cooperación policial o judicial con la UE, y tampoco a los sistemas de uso militar o utilizados en el contexto de la seguridad nacional, ni a los usados con el solo propósito de la investigación y el desarrollo científico.

La nueva ley pone un énfasis significativo en la transparencia. Las empresas deben informar a los usuarios cuando estén interactuando con un sistema de IA, ya sea en llamadas telefónicas o en chats donde interfieran chatbots.

Tipos de sistemas de IA

La ley establece cuatro tipo de sistemas de IA: prohibidos, de alto riesgo, con requisitos de transparencia y de propósito general.

En el bloque de los prohibidos se incluyen los que desplieguen técnicas subliminales para distorsionar el comportamiento de una persona de manera que pueda causarle daños físicos o psicológicos a él o a otros, los sistemas de categorización biométrica, la captura indiscriminada de imágenes faciales de internet, el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en las escuelas, los sistemas de "puntuación" de las personas en función de su comportamiento o características, la actuación policial predictiva y la IA que manipule el comportamiento humano o explote las vulnerabilidades de las personas.

No obstante, la normativa permite excepciones. Los sistemas de identificación biométrica "en tiempo real" solo se podrán emplear si se cumplen una serie de salvaguardias. Entre estos casos pueden figurar la búsqueda selectiva de una persona desaparecida o la prevención de un atentado terrorista.

Multas

Las multas se modularán según las circunstancias y valorarán el tamaño del proveedor. Para quienes incumplan la normativa se prevén multas con un rango que va desde los 35 millones de euros o el 7% del volumen global de negocio de las empresas hasta los 7,5 millones de euros o el 1,5% del volumen global de negocio.

Fases en la aplicación de la nueva ley

Tras su entrada en vigor este 1 de agosto, será de plena aplicación veinticuatro meses después, con excepción de las prohibiciones de prácticas, que se aplicarán seis meses después de la fecha de entrada en vigor, es decir, en febrero de 2025.

En agosto de 2025 empezarán a aplicarse las normas para los modelos de uso generalista, como ChatGPT, y un año después, en agosto de 2026, se aplicará la ley de manera general, salvo algunas disposiciones.

Las obligaciones para los sistemas de alto riesgo comenzarán a aplicarse 36 meses después, en agosto de 2027.

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