Denuncian "el drama" de 183 familias con demandas de desahucio en San Sebastián, Irun y Errenteria

Stop Desahucios ha denunciado "el drama" que viven al menos 183 familias vulnerables que residen en los municipios guipuzcoanos de San Sebastián, Irun y Errenteria con demandas de desahucio por impago de renta o finalización de contrato suspendidas hasta el próximo 31 de diciembre.

Representantes de Stop Desahucios y las plataformas Inquilinos Azora y Alokairu junto con representantes y cargos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han participado este miércoles en San Sebastián en una concentración de protesta ante la sede del Gobierno Vasco.

En la movilización, en la que han tomado parte asimismo algunos de los afectados, la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha advertido del riesgo de que estas 183 familias "puedan verse durmiendo en la calle" si no se prorroga el Real Decreto 11/2020, que estableció la suspensión de los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Por este motivo, Rosa García ha instado a todos los partidos vascos y al Ejecutivo autonómico a pedir al Gobierno central la prórroga de esta norma un año más, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Ha advertido de que esta "grave situación se multiplica" en el resto de Euskadi debido al "aumento de los especulativos alquileres" y al "déficit crónico del parque público de alquiler".

La portavoz de Stop Desahucios ha querido dejar claro que detrás de la situación de estas familias está también la "tardanza inexplicable del Gobierno Vasco y las haciendas forales" en los trámites necesarios para aplicar la Ley de Vivienda y declarar definitivamente tensionados los municipios que así lo solicitan.

Tras exigir que se aceleren todos estos procesos administrativos, Rosa García también ha pedido a los ayuntamientos que movilicen al uso residencial las viviendas vacías mediante la aplicación del canon y apliquen una moratoria municipal a las licencias para instalar licencias para hoteles y viviendas de uso turístico.

García ha asegurado que con la implicación de las instituciones afectadas se reducirían las demandas de desahucio de familias vulnerables en Gipuzkoa y en Euskadi, se frenaría esta "sangría social" y se facilitaría el acceso a una vivienda digna y asequible".