Sociedad -
Operación policial
Desarticulada una red empresarial en Navarra y La Rioja que regularizaba migrantes en situación irregular
La 'Operación Charco' se ha saldado con la detención de 17 personas y una investigada más por los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental.
Agencias | EiTB Media
Euskaraz irakurri: Egoera irregularrean zeuden etorkinak erregularizatzen zituen sare bat desegin dute Nafarroan eta Errioxan
La Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Navarra ha culminado la Operación Charco con la detención de 17 personas y una investigada más en Navarra y La Rioja como presuntas autoras de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental. No se descartan más detenciones ya que uno de los principales investigados sigue en paradero desconocido
Según han informado la Policía Nacional, un empresario riojano era el titular de una compañía que constaba como contratante en un elevado número de expedientes de solicitud de residencia y trabajo presentadas por ciudadanos extranjeros de origen marroquí en situación irregular.
Este hecho hizo que la Jefatura superior de Policía de Navarra iniciara una investigación en 2023 con la localización de los solicitantes, muchos de ellos residentes en la Ribera de Navarra, para determinar la veracidad de esos contratos.
Tras contactar con varios de ellos, se pudo determinar que desde esta empresa riojana se estaba llevando a cabo la venta de los pre-contratos por importes que oscilaban entre los 10 000 y 14 000 euros. En ese momento el mencionado empresario pasó a ser el principal investigado.
Además, se identificó a otros tres empresarios que formaban parte de la trama y a varios miembros de la red de conseguidores, personas de origen marroquí encargadas de localizar a compatriotas en situación irregular interesados en conseguir un contrato de trabajo.
Una vez que los migrantes en situación irregular poseían los documentos falsos —puesto que dicha relación laboral no existía realmente— presentaban la solicitud de residencia temporal por circunstancias excepcionales (arraigo social) o solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena en diferentes oficinas de extranjería (Logroño, Burgos, San Sebastián, Bilbao etc.), a fin de "no levantar sospechas".
Las víctimas debían abonar en un primer momento unos 2000 euros, quedando supeditado el resto del pago a la consecución del permiso de residencia.