El TSJPV rechaza exigir el conocimiento de euskera a 34 empleados públicos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido este miércoles una nueva sentencia contra las exigencias del euskera. En esta ocasión, ha resuelto en contra de la OPE realizada por la Fundación Uliazpi, que depende de la Diputación de Gipuzkoa.

Dentro de la convocatoria de 34 plazas, en 32 casos se solicitó el perfil B-2. El juzgado ha dictaminado que se trata de una demanda desproporcionada que vulnera derechos fundamentales.

La Diputación de Gipuzkoa, que ha conocido el fallo hoy, ha anunciado recurso. La directora de Igualdad Lingüística de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Garbiñe Mendizabal, ha expresado su "rechazo y desacuerdo más rotundo" a esta decisión judicial y se ha comprometido a defender "con absoluta firmeza" que el servicio que recibe tanto la ciudadanía como las personas usuarias de Uliazpi se realice respetando "su propia opción lingüística".

Mendizabal, aun teniendo en cuenta "el respeto que se debe a los tribunales", ha destacado que exigir a una persona empleada pública "el conocimiento de las dos lenguas oficiales" de la CAV no es, "en absoluto, discriminatorio".

Según, el TSJPV, es excesiva la exigencia del euskera que la fundación Uliazpi ha solicitado para el 94 % de las plazas, cuando la ley de normalización del euskera prevé el 65'5 %. El tribunal considera que el derecho de cualquier ciudadano al empleo público está por encima de la planificación para el fomento del euskera.

La Fundación Uliazpi es un organismo autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa que presta servicio y ayuda a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

Euskalgintzaren Kontseilua muestra su "profunda preocupación" ante esta resolución

Euskalgintzaren Kontseilua y el Observatorio de Derechos Lingüísticos han calificado la sentencia de "muy grave". La secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, cree que la sentencia es "preocupante y grave para los derechos lingüísticos de miles de ciudadanos" y considera que esto "pone patas arriba" el trabajo que están realizando desde las instituciones en favor de la igualdad lingüística y la normalización del euskera.

Asimismo, considera que en este caso concreto se vulneran los derechos de uno de los sectores más vulnerables, "los que tienen necesidades especiales de cuidado por diferencias funcionales o problemas de salud mental".