Sociedad -

Dimisión del PSE-EE

El consorcio de residuos continúa con la polémica de la incineradora

El PSE-EE ha anunciado la dimisión de sus dos representantes en el consejo de administración del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

Juan Carlos Alduntzin presidente del GHK. EFE
Juan Carlos Alduntzin presidente del GHK. EFE
Juan Carlos Alduntzin presidente del GHK. EFE

Redacción

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El PSE-EE de Gipuzkoa ha dado cuenta de la dimisión de sus dos vocales en el Consejo de Administración del Consorcio de Residuos guipuzcoano GHK, en un ejercicio de "responsabilidad", porque no pueden tomar parte del "despropósito" que supone rescindir los contratos de construcción de la planta incineradora de Zubieta, una decisión que conlleva un "riesgo de impacto crítico" desde el punto de vista económico para el territorio.

En una rueda de prensa en Donostia, la secretaria de Políticamunicipal del PSE guipuzcoano, Susana Corcuera, acompañada delsecretario socialista guipuzcoano de Medio Ambiente, Denis Itxaso y el presidente de la Mancomunidad de Debabarrena, Arcadio Benítez, los dos vocales del Consejo del GHK que han presentado su dimisión, ha indicado que la moción que PSE, PNV y PP registrarán oficialmente este juevesen las Juntas guipuzcoanas contra el diputado foral de Medio Ambiente,Juan Carlos Alduntzin, es "un paso" pero "todavía hay mucho recorrido".

En este sentido, ha reiterado el ofrecimiento de los socialistas alPP y PNV para conformar "nuevas mayorías" en el territorio histórico,porque, a su juicio esa es "la solución".

Corcuera haindicado que Itxaso y Benítez harán oficial su dimisión, "porprincipios", en la reunión del Consejo de administración del GHK de estejueves y en la asamblea del Consorcio del viernes.

Han denunciado que el Consorcio va a tener que afrontar "pérdidas acumuladas" por un importe de 1,6 millones por el crédito solicitado al Banco Europeo de Inversiones para acometer este proyecto, a lo que se suma los 2,3 millones por la redacción del proyecto y las indemnizaciones que puedan solicitar las empresas adjudicatarias por la rescisión del contrato de "un 8% del mismo, unos 22 millones".

Corcuera ha advertido del "riesgo cierto" del Consorcio de llegar a concurso de acreedores si las empresas que conforman la UTE solicitan ser indemnizadas por la rescisión de los contratos.

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