Landaida recuerda que un informe de 2015 ya evidenció que quitar el permiso parental no causó más abortos

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, ha recordado que el Instituto Vasco de la Mujer ya advirtió en un informe realizado en 2015 (año en el que se estableció de nuevo la obligatoriedad con el Gobierno del PP) que obligar a las chicas de 16-17 años a obtener el permiso parental para poder abortar las "abocaba al aborto clandestino, poniendo en riesgo su salud" y poniendo en peligro, precisamente, a "las jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad". Dicho análisis dejo patente, además, que el fin del permiso parental "no provocó un aumento de abortos" y que en 9 de 10 casos, las mujeres iban acompañadas de madres o padres, y el resto se trataba de excepciones tipificadas por ley.

Landaida ha realizado una primera valoración "positiva" del anteproyecto de ley del aborto, que será aprobado el próximo martes en consejo de ministros. En una breve entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, ha admitido no obstante que el Ejecutivo vasco no ha tenido acceso al borrador y que conoce las principales propuestas a través de medios, al tiempo que ha advertido que aún "hay cuestiones no cerradas entre los socios de gobierno".

Sobre el aborto, ha sostenido que es un derecho reconocido de la mujer y que lo que hace la ley es "dar garantías" para ejercer ese derecho. Sobre las menores, ha recordado que, por ley, no pueden ejercer ese derecho sin la autorización materna o paterna pero que la norma establece una excepción, ya que está permitido en los casos en los que exista un contexto de "malos tratos, amenazas, coacciones, violencia o algún tipo de desarraigo", aunque para ello se precisará de autorización judicial. Landaida ha precisado que en Euskadi el Gobierno Vasco tiene "concertaciones con varias clínicas privadas", en las que se puede abortar.

Sobre la gestación subrogada y la intención del Ministerio de Igualdad de que los tribunales españoles puedan perseguir judicialmente a quien recurra a esta práctica en el extranjero para descendencia, Landaida ha mencionado que ya existe un fallo del Tribunal Constitucional en el que se establece que los contratos entre gestantes y aquellas personas que recurran a los vientres de alquiler son "nulos de pleno derecho". "Personalmente creo que hay que evitar la mercantilización de los cuerpos de las mujeres", ha destacado.