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Álava
Llodio recurrirá la sentencia que anula el cese de una trabajadora por no acreditar un perfil alto de euskera
Kontseilua denuncia que la Justicia regula la política lingüística "a su antojo" a través de sentencias, y el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, recuerda que el euskera es una de las lenguas oficiales. La sentencia también ha sido criticada duramante por PNV, EH Bildu y la mayoría sindical.
Agencias | EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: Laudiok helegitea aurkeztuko du langile baten kaleratzea baliogabetzat jo duen epaiaren aurka
El Ayuntamiento de Llodio recurrirá la sentencia que declara nulo el cese de una funcionaria interina de este municipio alavés por no acreditar un Perfil Lingüístico (PL) 3 de euskera, el segundo nivel más alto de una escala de cuatro, alegando que el euskera es un idioma "muy dificil" de aprender.
La presentación de este recurso ha sido anunciada por el alcalde Ander Añibarro, al consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, según ha informado este último a los medios de comunicación.
La sentencia que será impugnada por el Ayuntamiento de Laudio ha sido dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz, y en ella se declara nulo el cese de una funcionaria interina de la localidad alavesa por no acreditar un Perfil Lingüístico (PL) 3 de euskera.
La magistrada que firma esta resolución judicial argumenta, entre otras razones legales para anular el cese, que no se ha acreditado la "falta de capacidad" de la trabajadora para el desempeño del puesto. Además, al margen de los argumentos jurídicos y normativos, reprocha al Ayuntamiento su "nula sensibilidad" ante los esfuerzos de la funcionaria por entender una lengua cuyo aprendizaje, según afirma, presenta "extraordinarias dificultades".
El consjero de Educación, Jokin Bildarratz, ha expresado su "sorpresa" ante esta resolución judicial, y ha cuestionado que la supuesta dificultad del aprendizaje de una lengua pueda determinar si una sentencia se pronuncia "en un sentido o en otro".
El consejero ha precisado que la dificultad del aprendizaje de una lengua es algo "muy subjetivo", que depende en gran medida del entorno lingüístico del que procede quien está estudiando ese idioma.
En todo caso, ha recordado que en la Comunidad Autónoma Vasca existe un marco normativo que desarrolla la "convivencia lingüística", y que todos los ciudadanos de Euskadi "tienen el derecho a entablar relaciones con la administración correspondiente" en cualquiera de los dos idiomas oficiales.
El polémico fallo del juzgado de Vitoria-Gasteiz también ha generado las críticas de los principales partidos y sindicatos vascos.
El presidente del PNV de Álava, José Antonio Suso, ha tildado de "barbaridad" las argumentaciones esgrimidas por la juez. "No tienen ni pies ni cabeza", ha señalado.
"Vistas las últimas sentencias queda claro que para algunos jueces ha sido difícil estudiar Derecho porque no son capaces de diferenciar entre ideología y ley", ha indicado la parlamentaria EH Bildu, Rebeka Ubera, a través de un mensaje en las redes sociales.
El sindicato LAB cree que la decisión judicial es un "ataque" a los vascos que quieren vivir en euskera, una "injerencia" en la autonomía municipal y una "sentencia contra la convivencia".
Además, ha mostrado su indignación por el argumento de la dificultad del euskera porque, además, "para llegar a esta conclusión" la jueza hace "un copia-pega de varias afirmaciones de internet de muy dudosa fiabilidad para crear su teoría", algo que "no se puede entender si no es desde un odio natural contra el euskera".
El sindicato ELA considera que esta sentencia pone de relieve que urge "más que nunca" un acuerdo para acabar con la eventualidad y euskaldunizar totalmente las administraciones en un plazo de 10 y 15 años.
También ha calificado de "insultantes" los argumentos esgrimidos por la magistrada y ha considerado que la sentencia "ha sido fruto del talante euskarófobo" de la jueza.
Por su parte, el consejo de asociaciones que trabajan en la promoción del euskera Kontseilua ha criticado que el poder judicial tiene la "voluntad" de "implantar la nueva política lingüística en el Estado a través de sentencias" y "ha comenzado a regular la política lingüística a su antojo".