El Gobierno de Navarra remite al TSJN la orden foral para poder exigir el pasaporte covid-19

El Gobierno de Navarra ha dado el primer paso para la implantación del pasaporte covid en el territorio y hoy mismo ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Navarra la orden foral que regula la medida, según ha informado el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez.

El Gobierno Foral confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra avale la orden en determinados ámbitos, una medida que Ramirez considera "adecuada, idónea y proporcional", por lo que "de momento" no tiene un "plan B".

"No tenemos plan B al respecto, si se autoriza bien y si no también", ha dicho el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno.

En caso de que el tribunal lo autorice, el Gobierno de Navarra quiere que la medida esté en vigor hasta el 6 de enero. Quieren solicitarlo en restaurantes con capacidad para más de 50 comenzales, ocio nocturno como discotecas y salas de fiesta, establecimientos con licencia de café-espectáculo y bares con licencia especial, en estos últimos a partir de las 00:00 horas.

Esos establecimientos tendrán que establecer los medios precisos para ese control, ha indicado el vicepresidente, quien ha indicado que la fuerzas policiales, con las que ya se han reunido, en línea con lo que ha venido siendo habitual durante la pandemia, también pueden hacer esa labor de control de forma aleatoria para ver si se cumple la normativa.

Cuestionado sobre si el rechazo de la justicia vasca a la implantación de medidas similares les lleva a estudiar otras opciones, ha sostenido que en el caso de Navarra la "experiencia es positiva" y siempre se ha buscado el "equilibrio adecuado", por lo que "de momento" no tienen "plan B", ha señalado, al tiempo que ha indicado que asumirán lo que digan los tribunales.

Cabe señalar que hace pocos días el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no autorizó la implantación del certificado covid-19 en hostelería y locales vinculados al ocio nocturno porque para los jueces, en un Estado de derecho, el objetivo no razona los medios, y en este caso, consideran que la medida afecta a muchos derechos fundamentales.