Calparsoro ve 'prematuro' hablar de 'trama' de robo de bebés

El fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, ha asegurado que se pretende "llegar hasta el final" en los presuntos casos de bebés robados y ha considerado que, desde el punto de vista jurídico, es "prematuro" hablar de la existencia de una trama.

En una entrevista concedida al programa "Egun on Euskadi" de ETB-2, ha explicado que los casos denunciados de robo de bebés se encuentran en fase de investigación y tanto los denunciantes como las personas que pudieron tener relación con los hechos ya están declarando en los distintos juzgados.

Por el momento, no ha habido ninguna imputación formal contra ninguna persona.

Calparsoro ha señalado que, con las exhumaciones realizadas en diversos puntos y en las que no se han encontrado restos, hay "sospechas mucho más vehementes", aunque ha precisado que también "no todas las denuncias se basan en hechos creíbles".

De cualquier modo, ha asegurado que el objetivo es "llegar hasta el final" en estos casos en los que, a su entender, "es prematuro hablar de trama" desde la perspectiva jurídica.

Presuntas irregularidades en el Departamento de Justicia

Por otra parte,Calparsoro ha afirmado que el informe en el que el Gobierno Vasco denuncia supuestos contratos irregulares realizados por el anterior Departamento de Justicia "es muy completo y detallado", por lo que "merece la pena ser investigado".

Calparsoro ha explicado que el escrito que el Ejecutivo remitió a la Fiscalía "es bastante elaborado" y por tanto, ha dicho, "hay que hacer una investigación" ya que el valor de lo pagado por esas contrataciones, "sin que existiera la contraprestación correspondiente", asciende a 23 millones de euros.

En cualquier caso, ha señalado que "habrá que esperar hasta conocer las explicaciones que dan los responsables" que autorizaron esos pagos dentro del departamento de Justicia, así como "la versión de las empresas".

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, desveló la semana pasada que se habían descubierto "graves irregularidades" en una quincena de contratos informáticos del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009, cuando estaba dirigido por Joseba Azkarraga (EA), cuyo importe supera los 23 millones de euros.