Sociedad -
SENTENCIA
PNV, EH Bildu y Podemos muestran su rechazo al fallo sobre el euskera en Irun
Representantes de estos partidos han mostrado su "profunda preocupación e inquietud" por lo que consideran un "retroceso" en el camino hacia la "normalización" del euskera.
N. B. | EITB Media
Euskaraz irakurri: EAJk, EH Bilduk eta Podemosek errefusatu egin dute Irungo euskararen inguruko epaia
Los parlamentarios Aitor Aldasoro (PNV), Rebeka Ubera (EH Bildu) y Miren Gorrotxategi (Podemos) han leído este jueves una declaración conjunta en la que han rechazado la sentencia del TSJPV sobre el euskera en Irun que consideran "puede poner en duda el marco jurídico para avanzar en la normalización" de esta lengua en el sector público.
El alto tribunal vasco declaró nula, el pasado mes de mayo, una resolución de ese consistorio guipuzcoano que en 2017 dio luz verde a la convocatoria de doce plazas de agentes de la Policía Local, pues considera que el requisito de saber euskera fue "discriminatorio" para quienes no hablaban esta lengua.
Los representantes de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que han leído el manifiesto en una comparecencia conjunta en el Parlamento Vasco, han mostrado su "profunda preocupación e inquietud" por lo que consideran un "retroceso" en el camino hacia la "normalización" del euskera.
"Nos preocupa la sentencia porque puede poner en duda el marco jurídico vigente desde hace décadas en la administración vasca para avanzar hacia la normalización del euskera. Un marco ejemplar que la sociedad vasca avala", señala el texto.
Estos grupos ofrecen al Ayuntamiento de Irun la ayuda que necesite para "defender la autonomía municipal" y reconocen la "legitimidad y la competencia de toda administración pública para establecer los perfiles lingüísticos y las preceptividades de los puestos de trabajo, poniendo en el centro los derechos lingüísticos de la ciudadanía".
Han recordado que el Decreto 86/1997 que regula el proceso de normalización del uso del euskera en el sector público, ha sido "clave para avanzar en la capacitación lingüística de los trabajadores públicos y garantizar los derechos lingüísticos de toda la sociedad", han concluido.