Piden sancionar a la residencia privada de Arroiabe por atar a sus residentes

La residencia privada San Francisco Javier, ubicada en la localidad alavesa de Arroiabe, se enfrenta a sanciones de hasta 660 000 euros: 600 000 por atar injustificadamente a mayores, lo que se constituye una infracción muy grave, y 60 000 por no cumplir los protocolos contra la covid-19 (falta grave).

Según publica este sábado el diario.es, el servicio de inspección de la Diputación Foral de Álava ha notificado a los responsables de este centro -que han comunicado su intención de cerrarlo- la apertura de dos expedientes sancionadores por las irregularidades detectadas en varias visitas efectuadas en noviembre.

Estas se produjeron tras un brote en la residencia -del tipo vivienda comunitaria, que no puede tener más de 14 plazas- que afectó a 9 de los 12 usuarios, aunque todos fueron confinados al ser contactos estrechos.

32 irregularidades

En el acta de la primera visita se recogen 32 irregularidades en el protocolo sanitario, la más grave mantener "con sujeción abdominopélvica a usuaria con pico febril". Las inspectoras también critican que el centro "mantiene la ratio de dos trabajadoras de mañana, dos de tarde y una de noche" a pesar del brote de covid.

En una segunda visita sorpresa se constata que solo había dos gerocultoras, "insuficientes para el cuidado óptimo" de los usuarios, que algunos mayores "permanecen fuera de sus habitaciones utilizando espacio común" a pesar de que debían estar confinados y que una residente tiene "sujeción abdominal" para que no salga de su habitación.

Las inspectoras, siempre según el diario.es, comunican a la dirección que "no existe pauta médica" para atar a las residentes, una decisión "injustificada" que achacan a "la falta de personal" y plantean alternativas como "el acompañamiento o supervisión directa". A pesar de ello en una tercera visita se constata que esta práctica continúa.

Ante estos hechos la Diputación tramita dos propuestas de infracción, una "grave" por carecer de medidas suficientes contra la covid, cuya sanción va de 12 001 a 60 000 euros, y otra "muy grave" por usar sujeciones sin justificación, que oscila de 60 001 a 600 000 euros.