Mas de mil personas se movilizan en Hego Euskal Herria por las personas refugiadas

Más de un millar de personas ha participado en diversas movilizaciones llevadas a cabo en Hego Euskal Herria con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, según ha informado el Comité de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Euskadi.

Diversos colectivos de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Navarra han llevado a cabo manifestaciones y concentraciones en las capitales para reivindicar que "seamos refugio" y que es tiempo de "acogida, regularización, derechos y convivencia".

En un manifiesto elaborado para la ocasión se indica que el pasado año más de 100.000 personas refugiadas llegaron al Estado español en busca de asilo y casi 5.000 a la CAV.

Han reivindicado que las políticas del Gobierno Vasco "no desplacen a las personas de sus lugares de origen ni expolien sus bienes naturales".

También han reclamado que "los portavoces políticos se involucren de manera firme contra los discursos racistas y xenófobos, evitando instrumentalizar a las personas refugiadas y migrantes, favoreciendo la convivencia y la cultura de paz".

"Hemos asumido una política de fronteras que obliga a las personas a poner su vida en riesgo abocándolas a la desaparición y a la muerte; a quedar a expensas de las redes de tráfico y trata de personas, a quedarse varadas en condiciones de vida extremas", ha denunciado CEAR al tiempo que ha reivindicado que las personas refugiadas puedan llegar a Euskadi Herria "sin poner su vida en riesgo". 

Consecuencias del COVID-19

La pandemia del coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan el pasado mes de marzo ha afectado a todos los rincones del mundo. Los infectados y los fallecidos a causa de la enfermedad se cuentan por miles en varios países que se han visto obligados a activar el estado de alarma, dejando a la ciudadanía confinada en sus hogares. La situación ha sido todavía más dura para los que ya vivían en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, entre los que se encuentran las personas refugiadas.

Además de tener que abandonar sus hogares, se han visto obligados a tener que luchar contra la enfermedad sin tener apenas medios para poder protegerse de ella; pero también sin las garantías para cumplir de manera segura las recomendaciones de confinamiento y distanciamiento social establecidas.

Patricia Bárcena, directora de la organización CEAR-Euskadi, ha declarado que durante el confinamiento se paralizó casi totalmente la actividad administrativa. Este hecho, permitió que muchas personas viesen prorrogadas su estancia en las plazas de acogida que gestiona la organización, pero en el momento en que las notificaciones de los expedientes de asilo se han empezado a reactivar, "las personas afectadas, tienen 15 días para salir de los dispositivos de acogida y del programa estatal de asilo, por lo que, de la noche a la mañana, se quedan en una situación de extrema vulnerabilidad".

Ana Elena Altuna, miembro de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, ha querido subrayar la misma idea. Según ha declarado a eitb.eus, la situación ha beneficiado a algunas de las personas refugiadas, ya que "las que se encontraban ya con el permiso en activo se les ha ampliado el plazo de asilo". "En cambio, para otros la aplicación del estado de alarma ha sido perjudicial, dejándolos sin una vivienda a dónde acudir", ha dicho, teniendo en cuenta que, salvo excepciones, no tienen derecho a prestaciones sociales públicas ni al Ingreso Mínimo Vital, dificultando la oportunidad de preparar una salida social o laboral alternativa.