4826 personas solicitaron asilo el año pasado en Euskadi

En víspera del 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, CEAR-Euskadi ha presentado el informe anual de CEAR 2020, 'Las Personas Refugiadas en España y Europa' y ha aportado los últimos datos de asilo en Euskadi, además de un balance sobre cómo la crisis del coronavirus está afectando a su colectivo de atención: solicitantes de asilo, migrantes, refugiadas y apátridas.

En Euskadi, según el Ministerio de Interior, 4826 personas solicitaron asilo el año pasado; 3395 de ellas en Bizkaia, 891 en Álava y 540 en Gipuzkoa. Se triplica la cifra si la comparamos con la situación de 2018, año en el que se registraron en la Comunidad Autónoma Vasca 1595 solicitudes.

La tendencia se mantiene en el 2020. A pesar de que, como consecuencia de la COVID-19, se han cerrado las fronteras y los trámites de asilo se detuvieron durante el confinamiento, durante los primeros 5 meses del año se han registrado 1124 solicitudes de asilo en la Comunidad Autónoma Vasca: 688 en Bizkaia, 298 en Álava y 138 en Gipuzkoa.

Patricia Bárcena, directora de la organización, ha destacado que "las personas que con anterioridad a la emergencia sanitaria se encontraban en una situación de vulnerabilidad, están padeciendo de forma especial las derivadas sociales y económicas que está trayendo la crisis. Como el resto, no son inmunes al virus. Pero, además, la precariedad, que antes ya estaba instalada en sus vidas, se está viendo acentuada estos días".

CEAR-Euskadi aclara que durante el confinamiento estas personas no han podido buscar vivienda, salvo excepciones, no tienen derecho a prestaciones sociales públicas, no han podido preparar una salida social o laboral alternativa y no tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital.

Ante esta realidad, Bárcena considera que las elecciones del 12 de julio son "una oportunidad para que el Parlamento y el Gobierno Vasco que se conformen tras el proceso electoral se comprometan a adoptar varias medidas que garanticen los derechos de las personas migrantes, apátridas y refugiadas que viven en Euskadi. También para que en los futuros planes económicos y sociales que se desarrollen para hacer frente a la crisis de la COVID-19, se atiendan las necesidades específicas de este colectivo". 

Entre sus propuestas está la de garantizar que todas las personas solicitantes de asilo puedan acceder a los derechos, servicios y recursos públicos; garantizar la acogida e integración de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas; e incidir ante el Gobierno español para que ponga en marcha medidas de regularización extraordinaria, con el fin de garantizar los derechos de las personas extranjeras en situación irregular.