Condenan al Gobierno Vasco por la actuación policial frente a un desahucio en Vitoria

El Gobierno Vasco ha sido condenado al pago de las costas en un procedimiento contra una de las seis personas de Stop Desahucios que fueron sancionadas por tratar de impedir el desalojo de una mujer y sus dos hijos en una vivienda de alquiler social del barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz.

Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2016 cuando unas 15 o 20 personas se colocaron delante del portal donde Alokabide iba a desahuciar por impagos a Anastasia y sus dos hijos menores, y fueron desalojadas por la Ertzaintza.

A consecuencia de esa actuación seis activistas de Stop Desahucios fueron sancionados en aplicación de la llamada "Ley Mordaza" al pago de 3.612 euros, acusados de "obstrucción a la autoridad" por impedir la entrada al piso de la comitiva judicial.

Todo ello dio lugar a procesos judiciales en los que se archivaron los expedientes por "diversas irregularidades administrativas del Departamento de Seguridad", según informa hoy Stop Desahucios, que se felicita de que un Juzgado de Vitoria-Gasteiz haya admitido el recurso de la última de las personas sancionadas y haya condenado al Gobierno Vasco al pago de las costas.

En la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vitoria se señala que no ha quedado probado que la recurrente se pusiera frente a la puerta para impedir el acceso a la comitiva judicial ni que se resistiera a los agentes.

Stop Desahucios considera que esta sentencia es un "jaque mate a la 'Ley Mordaza'" y se pone así "punto y final" a aquella "represalia" del Gobierno Vasco, que hizo una "denuncia falsa", impuso una "sanción desproporcionada" y actuó "como juez y parte".

"Parece razonable ahora que el Gobierno Vasco abra un expediente a los ertzainas denunciantes para conocer por qué mintieron y si hubo impulso político en su denuncia", concluye esta agrupación, que pide además la derogación de la Ley Mordaza porque "restringe derechos fundamentales, criminaliza, reprime el legítimo derecho a la protesta, y pretende imponer la ley del silencio y el miedo".

Tensión en un desahucio en Vitoria