La Iglesia cuenta con al menos 2.518 bienes inmatriculados en Navarra

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha cifrado en 2.518 las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia católica hasta 2007, de las que 1.431 se realizaron hasta 1998 y, 1.087, en los nueve años siguientes.

En conferencia de prensa, el representante de esta entidad, Andrés Valentín, ha precisado que estos bienes inmatriculados se refieren a los que en la actualidad están registrados a nombre de la Iglesia, "lo que significa que todos los que han sido vendidos no computan", por lo que "las inmatriculaciones son muchas más".

Igualmente, ha detallado que, de los 1.431 bienes inmatriculados anteriores a 1998, la mitad de ellos son bienes rústicos, como campos y tierras, huertos o pastos, seguidos por los urbanos, como casas, edificios o jardines, y solo un 5 % son lugares de culto.

Hasta 1998, ha explicado, estaba expresamente prohibida por la normativa vigente (el reglamento hipotecario de 1947) la inmatriculación de lugares de culto, una limitación que se eliminó desde esa fecha y hasta 2007.

En esos nueve años, ha denunciado, el 80 % de las inmatriculaciones fueron de lugares de culto, lo que ha achacado a la reforma del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Al respecto, Valentín ha aseverado que no sospechaban que el volumen de bienes no dedicados al culto que se han inmatriculado antes de 1998 "fuese tan importante”.

Además, ha considerado que, pese a los datos obtenidos, la información es "absolutamente insuficiente" y, por tanto, ha apostado por que cada ayuntamiento "reclame, del registro de la propiedad, las notas simples".

En cualquier caso, ha señalado que "no se trata de una problemática navarra, sino estatal" y ha aseverado que es una cuestión "jurídica y patrimonial, que no atiende a motivaciones religiosas".

Por tanto, esta plataforma ha anunciado que solicitará una comparecencia en el Parlamento de Navarra para "explorar nuevas iniciativas" e informar de la situación.

También ha avanzado que en el Congreso de los Diputados han propuesto un procedimiento legislativo que anule todas las inmatriculaciones, que, para esta plataforma, "desde el 78 son absolutamente ilegales por inconstitucionalidad".