Sociedad -
Operación policial
Cae una red de explotación en centros de manicura en ciudades como San Sebastián
37 personas han sido detenidas acusadas de introducir a ciudadanos vietnamitas para explotarles laboralmente en centros de manicura de varias ciudades del Estado.
Agencias | Redacción
Euskaraz irakurri: Manikura-zentroetan vietnamdarrak esplotatzen zituen sare bat desegin dute
La Policía Nacional ha detenido, en colaboración con Europol, a 37 personas en una operación en la que ha desarticulado una red que introducía ciudadanos vietnamitas para explotarles en centros de manicura de varias ciudades del Estado, entre ellas de San Sebastián.
Según ha informado la delegación del Gobierno español en Euskadi, esta organización tenía su infraestructura principal en Barcelona y habría logrado introducir a 730 ciudadanos de Vietnam, para luego ser explotados en centros de manicura.
El método utilizado por la organización para lograr su objetivo era el uso fraudulento de los procedimientos de Protección Internacional y de Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS), que iniciaban en puestos fronterizos aéreos como el aeropuerto de Madrid-Barajas y el Prat de Barcelona.
El modus operandi era el siguiente: los migrantes viajaban desde su país de origen hacia diferentes países de Sudamérica, desde donde volaban de regreso para realizar un tránsito ficticio en el Estado y, una vez en el aeropuerto, solicitaban Protección Internacional o alegaban ser menores no acompañados.
Sin embargo, tras la solicitud inicial en ningún caso continuaban con el expediente administrativo, y rechazaban los recursos asistenciales o se fugaban de los centros de menores en los que eran ingresados.
Además de en San Sebastián, se han realizado arrestos y registros en Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, Girona, Lleida, Tarragona, León, Huelva, Córdoba y Barcelona.
Cobraban 18.000 euros a cada víctima
La organización poseía una infraestructura en Vietnam para la captación, la organización del viaje, la gestión de pagos y beneficios, pero también en diferentes países sudamericanos.
La red tenía un claro fin lucrativo, cobraba 18.000 euros por persona y había alcanzado desde enero de 2018 una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros.
Entre los arrestados la Policía Nacional ha destacado la detención de un funcionario de la Oficina Única de Extranjeros de Huelva, el cual emitía certificados de empadronamientos y contratos de trabajo falsos.
Asimismo, los investigadores han alertado del "trato humillante a las víctimas por las condiciones de su alojamiento en las viviendas de la organización". Según han explicado, "los mantenían encerrados en pisos, a veces en zulos a los que se accedía a través de una trampilla, también es reseñable las condiciones laborales padecidas, siendo trasladados diariamente desde los centros de trabajo hasta los domicilios con jornadas laborales de 12 horas y sin libertad de movimiento".