La Fiscalía procederá por la vía penal contra los controladores

La Fiscalía distinguirá entre los controladores dirigentes y los controladores de base a la hora de juzgar los delitos en los que pudo incurrir el colectivo al abandonar sus puestos de trabajo el viernes, al inicio del puente de la Constitución, lo que provocó el cierre del espacio aéreo español y la declaración del estado de alarma.

De este modo, y conforme a las previsiones legales, los controladores de base podrían recibir un trato más favorable si prueban que fueron coaccionados para abandonar su puesto de trabajo, supuesto en el que se tendría más en cuenta la responsabilidad de los dirigentes, según ha reconocido el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en una conversación informal con los periodistas.

Asimismo, ha confirmado que el procedimiento seguirá la vía ordinaria, puesto que al parecer no se ha registrado ninguna desobediencia militar, desde que este sábado se decretara el estado de alarma, por el cual los controladores comenzaban a estar sujetos al Código Penal Militar.

Por otro lado, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, analizará este martes el impacto en el sector turístico del paro de los controladores el fin de semana pasado.

Los controladores piden perdón

Mientras, los controladores han pedido perdón después del plante que realizaron el pasado viernes. "En primer lugar queremos pedir perdón a todos los usuarios afectados por el paro, fue una decisión extrema y desmedida", afirma Usca, el sindicato que agrupa a la mayor parte de los trabajadores en su cuenta de Twitter.

"Entendemos que miles de vosotros hayáis vertido vuestra opinión en forma de insultos y amenazas al ser éste un tema complejo y de debate", añade el sindicato, que también remarca que muchas personas se han posicionado contra el paro del viernes "de forma educada y correcta".

Asimismo, el sindicato asegura que le gustaría seguir contando "qué ha llevado a más de 2.000 trabajadores unidos a esta situación". "Agradecemos las muestras de apoyo recibidas de aquellos que habéis analizado este conflicto y nuestra medida tan desesperada", afirma el sindicato.

Por su parte, el secretario de Comunicación de USCA, César Cabo, ha pedido disculpas personalmente a través de Facebook a los pasajeros afectados por el caos aéreo de los últimos días, y ha reconocido que la situación fue "terrible", aunque ha subrayado que estuvo causada por una "presión de meses".

Normalidad en los aeropuertos

Un total de 267 controladores de los 271 que tenían asignado turno de tarde hoy están en sus puestos, lo que supone un 98,5% del total, según fuentes de AENA, que ha calificado estas cifras de normales.

AENA ha detallado que en el Centro de Control de Torrejón están los 61 controladores convocados; en el de Canarias los 20 que tenían turno y en el de Palma los 13 asignados.

Sin embargo, en el Centro de Control de Barcelona ha faltado uno, ya que estaban programados 38 y hay 37 y en el de Sevilla han cubierto el turno de tarde 17 de los 18 convocados.

No obstante, siguen algunos retrasos por los reajustes operativos de las compañías y por el mal tiempo en algunos puntos de Europa.Estado de alarma

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido la gestión de la crisis provocada por los controladores aéreos que ha llevado a cabo el Ejecutivo y no ha descartado pedir una prórroga del estado de alarma "en función de cómo evolucionen las circunstancias".

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a los actos conmemorativos del Día de la Constitución, Zapatero ha considerado que lograr "restituir la normalidad en una grave crisis del sistema aeroportuario en menos de 24 horas" demuestra que "el proceso de toma de decisiones, cómo, cuándo y quién debía informar, ha sido acertado".

Según ha apuntado, dependiendo de cómo evolucione la situación, el Gobierno decidirá o no prorrogar el estado de alarma decretado en principio para quince días y lo hará "teniendo en cuenta la opinión del conjunto de los grupos" parlamentarios.

De hecho, una eventual prórroga deberá ser sometida a votación en el Congreso.