Los vascos pueden redactar las voluntades anticipadas con su médico de cabecera

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo Vasco modificó en mayo de 2018 el decreto por el que en 2003 se creó el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. Dicha modificación pretende facilitar a la ciudadanía la elaboración de este documento de voluntades anticipadas y para ello se incluyó la posibilidad de que sea redactado en cualquier centro de salud de Osakidetza y con la asesoría de su propio médico de familia a través de la fórmula de los tres testigos, que podrán ser otros profesionales del ambulatorio.

El documento de voluntades anticipadas sirve para que los ciudadanos expresen los criterios que deben orientar las decisiones a tomar en el ámbito sanitario, como la elección del lugar donde se quieren recibir los cuidados al final de la vida y la voluntad de ser donante de órganos. También se establecen cuestiones como la aceptación o rechazo de determinados tratamientos y cuidados, y la designación de un representante legal que actúe como interlocutor ante el equipo sanitario en el caso de que el paciente no pueda expresar su voluntad.

El decreto aprobado en 2018 amplía las fórmulas contempladas en la ley para otorgar un documento de voluntades anticipadas estableciendo encargados de registro en las tres delegaciones territoriales de salud. De esta manera se descentraliza el ejercicio de esa atribución ya que antes había que acudir al registro central localizado en la sede del Ejecutivo en Vitoria-Gasteiz.

Finalmente también se va modificó el régimen de acceso a los documentos. Hasta el momento únicamente se reconocía al personal sanitario y a los otorgantes la posibilidad de acceder a los mismos y desde mayo de 2018 se amplió a los representantes legales designados por éstos.

Según los datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la Comunidad Autónoma Vasca se sitúa a la cabeza en el número de documentos de voluntades anticipadas registrados. En concreto, desde 2003 y hasta mayo de 2018 un total de 21.723 personas realizaron este documento, lo que supone una tasa de 9,9 por cada 1.000 habitantes.