Acusan a Munilla de provocar un agujero de más de un millón de euros

Una nueva polémica sacude de nuevo a la Diócesis de San Sebastián. Un grupo de religiosos y laicos guipuzcoanos ha hecho público un manifiesto en el que acusan al obispo José Ignacio Munilla de haber creado un agujero económico de más de un millón de euros en las cuentas de la  Iglesia de Gipuzkoa.

Denuncian que parte del déficit se debe a una pérdida de 700.000 euros en valores del Banco Popular, y 500.000 euros más en el mantenimiento del patrimonio. Los firmantes del manifiesto titulado 'No a espaldas de la diócesis', dicen que, ahora, el obispo pretende "tapar esa deuda con una reestructuración patrimonial". "Los responsables de la diócesis están decididos a emprender una reestructuración de gran envergadura del patrimonio del obispado", recoge el manifiesto.

"Llevamos varios años cargando con un agujero de un millón de euros para arriba cada año. En ningún momento se presenta el balance de situación del Obispado, único instrumento para poder comprobar las causas que han podido originar este agujero", añaden. Los denunciantes destacan que el vicario general les dijo que "parte del déficit del último ejercicio se debe a una pérdida de 700.000 euros en valores del Banco Popular".

Por todo ello, instan a que se realice "una auditoría externa" que aclare la situación. "Además, pedimos una información veraz y transparente sobre la venta de diversas viviendas en el centro de la ciudad, así como de las viviendas cuya venta pueda estar en curso", añaden.

El Obispado niega las acusaciones

El Obispado de San Sebastián ha defendido la "profesionalidad, prudencia y transparencia" con la que, según explica, gestiona "el patrimonio recibido por sus fieles, al tiempo que recuerda que sus cuentas "son publicadas anualmente" en el Boletín Diocesano, además de estar disponibles en su página web.

La Diócesis donostiarra ha respondido de esta manera, en un comunicado, a las críticas. Explica que este "posible" proyecto de reestructuración patrimonial ya fue dado a conocer el pasado 22 de febrero al Consejo Presbiteral sin que ninguno de sus miembros "mostrase una posición contraria".

El Obispado aclara en su escrito que su gestión económica "está supervisada por el Consejo Diocesano de Economía", integrado por "reconocidos profesionales en materia económica y jurídica".