El Gobierno foral lleva a los tribunales el caso de la planta de Ultzama

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de hoy emprender acciones legales contra las personas jurídicas responsables de la planta de biometanización de Ultzama al considera que generaron un daño económico a la arcas públicas por el cobro de subvenciones duplicadas.

Se trata, según ha indicado en conferencia de prensa la consejera María Jose Beaumont, de que los tribunales determinen si existe responsabilidad penal o civil "en la financiación irregular con fondos públicos" de la construcción de la planta.

El Gobierno foral quiere aclarar así si las sociedades Bioenergía Ultzama y Leverger, sin descartar otros posibles responsables, actuaron correctamente en relación con las subvenciones para financiar la planta o si por el contrario pudieron cometer algún delito o infracción civil.

De hecho, tras la revisión de los expedientes de las ayudas concedidas por Desarrollo Rural y Desarrollo Económico, y a la vista también del informe realizado sobre este asunto por la Cámara de Comptos, el Ejecutivo no descarta que la financiación del proyecto pueda ser constitutiva de delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevariación y estafa.

Beaumont ha señalado al respecto que el archivo decidido por la Fiscalía "no es una resolución judicial y por lo tanto no cierra la puerta" a otras actuaciones como la aprobada hoy, y de hecho ha recordado que el Tribunal de Cuentas también tiene abiertas unas diligencias preliminares para investigar una posible responsabilidad contable en este asunto y ya ha solicitado documentación al Gobierno de Navarra, que se la remitió este verano.

Y es que el Gobierno de Navarra entiende que se produjo "una doble financiación en la construcción de la planta de biometanización" ya que el Ayuntamiento de Ultzama recibió subvenciones de Desarrollo Rural y, por el mismo proyecto, Bioenergía Ultzama S.A. las obtuvo de Desarrollo Económico.