Abortar en el primer trimestre no requiere justificación desde hoy

Las mujeres mayores de 16 años podrán a partir de este lunes abortar hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones, al amparo de la nueva Ley del Aborto que entra en vigor. Interrumpir el embarazo voluntariamente dejará de ser así un delito despenalizado en algunos supuestos para convertirse en un derecho, precisamente cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la primera normativa, en 1985, que ha permitido que un total de 1.300.000 mujeres hayan abortado en España. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se estrena sometida a juicio, ya que el PP y el Gobierno de Navarra han pedido ante el Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de 8 de sus artículos por entender que el "aborto libre" es contrario al derecho a la vida, garantizado por el artículo 15 de la Carta Magna.

Desde hoy, las afectadas podrán abortar hasta la semana 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica -supuesto este último al que se acogieron en España en 2008 el 96% de ellas-, y también por enfermedad grave o malformaciones del feto. Si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del bebé no hay límite de tiempo para actuar, contando con la opinión de un Comité Clínico. El punto más polémico de la Ley ha sido el situar la mayoría de edad para abortar en los 16 años, y el hecho de que las menores no tengan que informar a sus padres si alegan que pueden ser coaccionadas o sufrir violencia familiar. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) promovió esta modificación legislativa a raíz de varias investigaciones abiertas por abortos supuestamente ilegales, para garantizar una mayor seguridad jurídica de sus profesionales.

132 votos a favor, 126 en contra Impulsada por los Ministerios de Igualdad, Sanidad y Justicia, la Ley se aprobó por una ajustada mayoría de 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención. En la renovada ley se refleja de forma expresa el derecho a ejercer la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo y se estipula que las mujeres reciban información sobre las ayudas públicas y derechos vinculados a su estado.