AI denuncia restricciones de derechos y libertades en España

Amnistía Internacional (AI) denuncia en su informe anual que en España se vio restringida la libertad de expresión y de reunión debido a la aprobación de nuevas leyes, además de criticar el "uso excesivo" de la fuerza por parte de la Policía.

En julio del pasado año entró en vigor en ese país una reforma del Código Penal -que modificaba varios artículos donde se hacía una definición más amplia de los actos de terrorismo- y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Según afirma AI en su informe de 2015, esta última norma establece "límites sobre dónde y cuándo" se permiten las manifestaciones, "sanciones adicionales" para quienes celebren "manifestaciones espontáneas frente a ciertos edificios púbicos", y dota a la Policía de "amplias competencias" para multar a las personas que muestren "falta de respeto".

La organización dedicada a la defensa de los derechos humanos recuerda que en julio el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las repercusiones de esta ley.

Titiriteros

Amnistía Internacional denuncia que la reforma del Código Penal en relación con la definición de terrorismo es "tan vaga" que puede penalizar comportamientos que hasta ahora no eran delitos y restringir "desproporcionadamente" el derecho de libertad de expresión, como en el caso de los titiriteros.

AI denuncia además, como el año anterior, el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad contra personas que intentaban entrar de forma irregular en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, fronterizas con Marruecos.

Expulsiones 'en caliente'

En su informe, Amnistía Internacional denuncia que en marzo de 2015 España modificó la llamada ley de extranjería para legalizar la expulsión automática y colectiva de inmigrantes y refugiados en las fronteras de estas dos ciudades, ubicadas en el norte de África.

La nueva disposición, según AI, allana el camino para nuevas expulsiones colectivas, "prohibidas por el derecho internacional".

La organización critica también que cerca de 750.000 migrantes indocumentados vivían en España sin acceso adecuado a servicios de salud y recuerda que varios organismos de la ONU recomendaron a este país que garantizase el acceso universal a estos servicios.

En su informe anual, AI denuncia también que "las definiciones de desaparición forzada y tortura en la legislación española seguían sin ajustarse al derecho internacional" y que "se archivaron varias causas internacionales importantes debido a las restricciones al ejercicio del principio de jurisdicción universal".