Primera sentencia firme que respalda el envío de actas solo en euskera

El TSJPV ha dado la razón al Ayuntamiento de Irura (Gipuzkoa) y ha rechazado el recurso presentado por la Delegación del Gobierno de España tras haber enviado el Consistorio guipuzcoano una información únicamente en euskera. Según ha explicado UEMA, la sentencia es firme y no cabe recurso contra ella.

La Mancomunidad de Municipios Vascos ha recordado que Carlos Urquijo, delegado del Gobierno español en la CAV, actuó contra las cuentas de varios ayuntamientos vascos por recoger una partida en sus presupuestos para Udalbiltza, entre otros aspectos.

Irura fue uno de los ayuntamientos que Urquijo llevo a los tribunales por la aportación realizada a la Asociación de Municipios y Electos Municipales de Euskal Herria. Para ello, la Delegación del Gobierno reclamó información y documentación al Consistorio de Irura, entre ellas, el acta del pleno en el que aprobaron los presupuestos.

Irura, únicamente en euskera

Irura, como miembro de UEMA y municipio vasco, envío la información únicamente en euskera a la Delegación del Gobierno de España.

Desde que se recibe la información existe un plazo predeterminado para presentar recurso contra los presupuestos. La Delegación del Gobierno presentó el recurso fuera de plazo, porque consideró como no recibida la información enviada por Irura, pensando que enviar la documentación solo en euskera no era legal.

Tribunal Provincial

Sin embargo, el Tribunal Provincial otorgó la razón al Ayuntamiento de Irura, argumentando que era posible enviar el acta y la información únicamente en euskera. Urquijo presentó recurso y la cuestión llegó al TSJPV.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha resuelto el caso con una sentencia firme favorable al Consistorio de Irura. El Tribunal considera que, según las leyes de 1982 y 1992, las administraciones públicas deben tener la capacidad de comprender la documentación en euskera, porque el idioma es oficial en la CAV. De esta manera, tumba el recurso del la Delegación del Gobierno de España y le obliga hacerse cargo de las costas del proceso judicial, según ha explicado UEMA.

Según abogados que trabajan en la defensa de dichos ayuntamientos, “se trata de una sentencia importante, porque es firme y crea jurisprudencia al respecto”.