Sociedad -
Central nuclear de Garoña
Cientos de personas reclaman en Vitoria el cierre definitivo de Garoña
El portavoz de "Araba sin Garoña" ha advertido que la posible reapertura de Garoña pone en pleno peligro la seguridad, la vida y el desarrollo de quienes viven alrededor.
Redacción
Varios cientos de personas han secundado hoy la manifestación convocada por "Araba sin Garoña" en Vitoria-Gasteiz para pedir el cierre definitivo de la central nuclear ubicada en el municipio burgalés de Santa María de Garoña.
La marcha ha partido a las siete de la tarde de la plaza de la Virgen Blanca y ha discurrido bajo la lluvia por las calles de la capital alavesa coincidiendo con el 44 aniversario de la puesta en funcionamiento de esta central, que se cumple el 2 de marzo.
Secundada por todos los sindicatos vascos, las asociaciones más representativas del sector primario, profesionales de la salud, treinta movimientos sociales del territorio, alcaldes alaveses y más de 50 profesores del campus alavés de la Universidad del País Vasco, también ha contado con la presencia de partidos con representación municipal y foral como el PNV, PSE-EE y Bildu.
Por contra, el PP y las principales instituciones que gobierna en Araba, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación, así como UPyD no han asistido.
El portavoz de "Araba sin Garoña", Alberto Frías, ha subrayado que "una marea popular ha llenado las calles de Vitoria" en una marcha que ha recabado una "unidad sin precedentes", en respuesta a la "alarma social" generada por "el intento del PP" de reabrir Garoña.
Frías ha advertido de que la posible vuelta a la actividad de la central "pone en peligro la seguridad, la vida y el desarrollo de quienes viven en su ámbito de acción" y ha emplazado a los partidos a "poner sobre la mesa elementos reales que imposibiliten la reapertura".
Garoña, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria, es la central más antigua y pequeña de España y lleva parada desde diciembre de 2012 por decisión de Nuclenor (empresa participada por Iberdrola y Endesa), que alegó para ello motivos económicos relacionados con los nuevos impuestos sobre el combustible nuclear. Posteriormente cambió de opinión y solicitó la renovación de la licencia de explotación por 17 años más, una petición sobre la que se tiene que pronunciar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyos informes son vinculantes.
