SOS Racismo presenta la denuncia contra De Andrés por injurias

El portavoz de SOS Racismo de Araba, Fede García, ha presentado hoy una demanda de conciliación contra el diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), por un delito de injurias y calumnias, en la que le reclama 79.296 euros por los daños ocasionados al acusar de "fraude" a esta plataforma.

La demanda de conciliación, paso previo a una querella criminal, ha sido presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Vitoria-Gasteiz después de que el pasado día 16 Javier de Andrés dijera que el empadronamiento "ficticio" de 1.252 inmigrantes a cargo de SOS Racismo puede haber costado al erario público 13 millones de euros al año por el pago de prestaciones sociales.

El portavoz de esta plataforma anunció hace semanas, después de unas primeras declaraciones del diputado general de Araba sobre este asunto, que se querellaría contra De Andrés si no rectificaba en un plazo de quince días.

En un comunicado, García ha dicho que el diputado general de Araba "no solo no ha rectificado sus declaraciones y acusaciones de fraude masivo en las ayudas sociales contra SOS Racismo de Álava, sino que se ha ratificado en las mismas".

Por ello, esta mañana ha formalizado una demanda para la celebración de un acto de conciliación, que de no prosperar, daría paso a una querella criminal contra el diputado general de Araba.

La querella contra De Andrés se unirá a la denuncia que el pasado 18 de julio presentó SOS Racismo de Araba contra el alcalde de Vitoria-Gasteiz por haber afirmado que algunos inmigrantes, sobre todo argelinos y marroquíes, "viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse".

En el texto de la demanda de conciliación, García pide a De Andrés que se excuse con los mismos medios con los que se efectuaron las calumnias y las injurias.

Le exige asimismo que le indemnice con 79.296 euros, la cantidad correspondiente al sueldo anual del alcalde de Vitoria-Gasteiz, por los daños ocasionados, para dedicarlo al pago de campañas de sensibilización por los derechos sociales.