Piden 3 años de cárcel para varios detenidos en el desalojo de Kukutza

Un total de 23 personas de las 80 que fueron detenidas entre el 21 y el 23 de septiembre de 2011 durante el desalojo del gaztetxe de Kukutza, en el bilbaíno barrio de Rekalde, se enfrenan a peticiones fiscales que van desde los 22.080 euros de multa hasta los 3 años de prisión, por delitos que van desde usurpación hasta atentado y resistencia a la autoridad, según ha informado en un comunicado Kukutzarekin Elkartasun Taldea (Grupo en apoyo de Kukutza).

El grupo ha convocado para el próximo 6 de junio una movilización que saldrá del Ayuntamiento de Bilbao y pasará junto a los juzgados, para finalizar en Sabin Etxea, la sede del PNV. El objetivo es hacer llegar su apoyo a "todas las personas imputadas, heridas, identificadas y detenidas" y para demostrar su "rechazo" a las políticas del Ayuntamiento, dirigido por el PNV.

El colectivo ha destacado que la acusación del delito de usurpación viene motivada por la "ocupación" de un inmueble abandonado,el Gaztetxe, propiedad de la constructora Cabisa, empresa que "se ha visto implicada en diversos juicios por fraude inmobiliario" y que "a día de hoy" continúa sin edificar en el solar vacío que ocupaba el centro autogestionado.

En cuanto al delito de atentado a la autoridad, el colectivo ha asegurado que las acusaciones están basadas en "informes que intentan maquillar una actuación policial violenta y desproporcionada a base de mentiras y afirmaciones ambiguas, inciertas y llenas de contradicciones". En este sentido, ha planteado que, durante las jornadas posteriores al desalojo, se expidieron más de un centenar de partes médicos relacionados con esa actuación en diferentes centros sanitarios de la capital vizcaína.

Finalmente, en relación a las acusaciones de resistencia a la autoridad que pesan sobre los acusados, el grupo de apoyo a Kukutza ha interpretado que dicha resistencia se llevó a cabo para "defender intereses culturales y sociales frente a los intereses políticos y de entidades privadas", que recibió como respuesta "una violencia injustamente legitimada y desproporcionada" por parte de la Ertzaintza.