Un grupo de expertos estudiará costes de la reforma educativa

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado este jueves que se va a crear un grupo de trabajo de expertos entre Educación y CCAA para estudiar tanto los impactos de la reforma educativa, que previsiblemente entraría en vigor en 2014, como para revisar los criterios de gastos del servicio educativo.

Wert ha hecho esta afirmación al término de la quinta y última reunión sectorial celebrada sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), y que ha concluido con el respaldo de las once comunidades del PP y el rechazo de las del PSOE -Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias- y del País Vasco, que ha pedido una moratoria para seguir estudiando el coste económico.

La Memoria Económica de la Lomce apunta a un coste de implantación de 408 millones de euros durante tres años por el Estado, y cuya implantación sería 23 millones en el primer año, 130 en el segundo y 255 en el tercero; "los efectos económicos en ningún caso se producirían antes de 2016", según Wert.

A las CCAA les correspondería en principio los costes indirectos, que dependerán del incremento del alumnado de FP y, en consecuencia, la reducción del abandono escolar, que ahora se sitúa en el 26,5%.

Euskadi considera "inviable" poner en marcha la reforma

La consejera de Educación del País Vasco, Cristina Uriarte, ha rechazado este jueves la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y ha considerado que es "inviable" ponerla en marcha en la actual situación de crisis económica.

Uriarte ha hecho estas declaraciones después de participar en la reunión sectorial entre el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y los consejeros autonómicos para tratar el coste económico de esta reforma educativa.

La consejera ha explicado que ha pedido una moratoria para aprobar esta norma al Ministerio, que ha rechazado esta petición y le ha trasladado que seguirá su trámite y se enviará al Consejo de Estado.

Uriarte ha mostrado su desacuerdo a esta ley al rechazar aspectos como el reparto competencial o el tratamiento del euskera que recoge esta reforma.

Además, la responsable vasca de Educación ha criticado que el análisis económico de la ley hecho por el Gobierno no parte de la realidad de las distintas comunidades.