Política -
"Vacaciones fiscales"
López no quería acuerdos en el Consejo Vasco de Finanzas, según Bilbao
El diputado general de Bizkaia cree que los planteamientos que hizo en aquella reunión el PSE-EE eran "para no llegar a acuerdos".
Redacción
El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao (PNV), ha acusado hoy al Gobierno Vasco de llevar al último Consejo Vasco de Finanzas (CVF) unos planteamientos que eran "para no llegar a acuerdos" en ese organismo, en el que participan las diputaciones forales y el Ejecutivo autonómico.
Bilbao ha comparecido en comisión ante las Juntas Generales de Bizkaia, a solicitud de Bildu, para informar de los acuerdos adoptados por el CVF en su último encuentro, el pasado 23 de octubre, en el que el Gobierno Vasco del PSE-EE y la Diputación de Gipuzkoa (Bildu), por una parte, y los Ejecutivos forales de Bizkaia (PNV) y Álava (PP), por otra, mantuvieron posturas distintas en cuanto al dinero devuelto de las denominadas "vacaciones fiscales".
Ante la comisión Institucional de la Cámara foral vizcaína, José Luis Bilbao ha sugerido inicialmente que el Gobierno Vasco pretendió "reventar" la última reunión del Consejo Vasco de Finanzas, aunque, a petición del portavoz del PSE-EE, Iñaki Egaña, posteriormente ha retirado esa expresión, pero ha dicho que "determinados planteamientos" hechos por el Ejecutivo "eran para no llegar a acuerdos" en el CVF.
Las discrepancias entre las diferentes instituciones obedecían al destino presupuestario que se debía dar a una parte del dinero devuelto por las empresas que recibieron ayudas por las "vacaciones fiscales", declaradas ilegales por la Unión Europea.
Ese dinero -309 millones de euros, de los que 208,9 corresponden a Araba, 80,9 a Bizkaia y 19,1 a Gipuzkoa- está aún pendiente de una decisión en firme por parte del tribunal de Luxemburgo, según ha indicado José Luis Bilbao.
El Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa acordaron en el CVF que ese dinero se incluyera en las previsiones de ingresos de este año, mientras los otros dos Ejecutivos forales pretendían, por "prudencia", esperar a que la Corte europea se pronunciase en última instancia, lo que se espera que haga a principios de 2013.