Política -
CASO BÁRCENAS
El Supremo ratifica la responsabilidad civil del PP por el pago en negro de la reforma de la sede de Génova
El alto tribunal ha confirmado las condenas de prisión para Bárcenas y el arquitecto de la reforma de Génova, aunque reduce las penas impuestas".
AGENCIAS | EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: PPren erantzukizun zibila berretsi du Gorenak, Genovako egoitzaren erreforma diru beltzarekin ordaintzeagatik
El Tribunal Supremo ha rebajado las penas impuestas en el caso conocido como los "Papeles de Bárcenas", pero ha confirmado la responsabilidad civil subsidiaria del Partido Popular. Esta decisión implica que el PP deberá asumir el pago de indemnizaciones relacionadas con la trama de financiación ilegal dentro del partido.
El Supremo ha revisado la sentencia anterior de la Audiencia Nacional de 2021, que había condenado a varios implicados, entre ellos Luis Bárcenas, extesorero del PP, por delitos vinculados a la caja B del partido. Aunque el Tribunal ha decidido reducir algunas de las penas, mantiene la idea de que el PP se benefició de esta contabilidad paralela.
Así, la Sala de lo Penal ratifica en esencia la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los dos administradores de Unifica, estudio encargado de hacer las reformas en la sede del PP en Génova, por un delito de defraudación tributaria, así como al extesorero del PP Luis Bárcenas como cooperador necesario al facilitar la defraudación por la vía de efectuar un tanto por ciento de los pagos debidos de forma opaca, con dinero negro.
Como también confirma la responsabilidad civil subsidiaria tanto a Unifica como al PP (solo hasta el importe defraudado achacable a los pagos en B), una vez que esta declaración no había sido objeto de impugnación.
Ahora bien, la Sala, por cuestiones menores de carácter predominantemente técnico, reduce las penas de prisión de 2 años y 9 meses a 9 meses a los dos responsables principales y de 2 años a 8 meses a Bárcenas. Las multas pasan a ser de 200 000 euros para cada uno de los dos administradores y de 180 000 euros para el extesorero.
La confirmación de la responsabilidad civil subsidiaria del PP es un golpe simbólico para el partido, ya que implica una ratificación judicial de la financiación ilegal. Este fallo del Tribunal Supremo cierra otro capítulo en uno de los casos más emblemáticos de corrupción política en España, que ha tenido un impacto significativo en la percepción pública de la clase política y, en particular, del Partido Popular.