Política -

Tribunal Constitucional

Navarra acudirá al TC contra los recortes en Salud y Educación

El Parlamento foral ha decidido presentar dos recursos contra la aplicación de los recortes anunciados por el Gobierno central.

El Parlamento de Navarra, en una imagen de archivo. Foto: EITB
El Parlamento de Navarra, en una imagen de archivo. Foto: EITB
El Parlamento de Navarra, en una imagen de archivo. Foto: EITB

Redacción

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El Parlamento foral ha aprobado hoy, con el apoyo de PSN, NaBai, Bildu e I-E y el rechazo del PPN, formalizar ante el Tribunal Constitucional dos recursos contra la aplicación en Navarra de los Reales Decretos Ley dictados por el gobierno estatal que establecen ajustes en Educación y Salud, el primero respaldado también por UPN.

En el primer caso, se ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 y la disposición final primera del Real Decreto-ley de medidas urgentes de nacionalización del gasto público en el ámbito educativo. El informe emitido por los servicios jurídicos de la Cámara a petición de la Junta de Portavoces concluye que los artículos 3 (jornada lectiva) y 4 (sustitución de profesores), así como –por conexión- la disposición final primera del Real Decreto, "son inconstitucionales por vulnerar las competencias de Navarra en materias de enseñanza y régimen estatutario de sus funcionarios públicos". El informe precisa que los restantes preceptos del Real Decreto-Ley de abril "no menoscaban" las competencias de la Comunidad Foral, por lo que "son constitucionales y de aplicación indefectible" en Navarra, con la salvedad de la disposición final segunda, "por afectar al sistema tributario estatal y resultar salvaguardado el régimen fiscal de Navarra en los términos del Convenio Económico". En la misma línea, y con los mismos votos, la Cámara ha aprobado interponer otro recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley del 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. En este caso, el informe emitido por los servicios jurídicos del Parlamento a petición de la Junta de Portavoces asegura que incurren en inconstitucionalidad tres artículos, si bien el Letrado Mayor de la Cámara, como responsable de los Servicios Jurídicos, elaboró un informe posterior "ante las dudas razonables sobre la idoneidad, como fundamento del recurso, de determinadas interpretaciones" realizadas en el informe anterior. En éste, se afirma que el Real Decreto no menoscaba las competencias de Navarra en materia de sanidad, y entiende que su contenido es, "en general, respetuoso" pero considera que no se ha justificado debidamente el requisito de la urgencia requerido para su aprobación por Decreto-ley en lugar de mediante ley ordinaria.

La Junta de Portavoces acordó este mismo lunes proponer al Pleno de la Cámara la interposición ante el Tribunal Constitucional de recurso de inconstitucionalidad y solicitar al Consejo de Navarra un informe sobre la propuesta de interposición del recurso de inconstitucionalidad. Las intervenciones En su defensa, el socialista Juan José Lizarbe ha considerado "necesario y conveniente" presentar estos recursos por motivos jurídicos, competenciales, constitucionales y políticos, cuatro razones cuya suma debería aunar la unanimidad de la Cámara. Nekane Pérez (NaBai) ha lamentado que los Reales Decretos responden a la ideología del PP, "tocan los derechos" y ponen a la economía "por encima de todo": "La estabilidad económica no es motivo para vulnerar los derechos de todos", ha subrayado. Por Bildu, Maiorga Ramirez ha considerado el recurso ante el Tribunal Constitucional "necesario pero no suficiente", al entender que independientemente de lo que resuelva, "no coinciden con los derechos de la sociedad navarra porque la mayoría no da por buenas las medidas del PP ni su aplicación en Navarra". Marisa de Simón (I-E) ha respaldado los recursos por entender que ambos decretos "invaden ámbitos competenciales de Navarra" pero, sobre todo, "recortan los recursos y prestaciones en salud y educación" y están hechos "sin criterios de calidad, exclusivamente para una reducción de costes", ha dicho tras lamentar que con el apoyo de UPN en el Congreso "Navarra se ha puesto a disposición del Gobierno del Estado". En su turno, Carlos García Adanero (UPN) ha justificado el apoyo al recurso relativo a Educación porque los informes jurídicos "dicen que Navarra debe defender sus competencias en esta materia", algo que no ocurre con el referente a Salud, del que los informes dicen que "no hay motivos" porque "no hay invasión de competencias". Por el PPN, Eloy Villanueva, ha defendido que el Gobierno toma las medidas "atendiendo al interés general y a las necesidades de sus ciudadanos, también a los de Navarra". "El gobierno legisla, toma decisiones y, a nuestro juicio, es legislación básica y de obligado cumplimiento".

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