La Fiscalía discrepa de Llarena y pide procesar a Puigdemont por desórdenes públicos agravados

La Fiscalía discrepa de la tesis del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al considerar que pese a la derogación de la sedición, la reforma penal permite atribuir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont el delito de desórdenes públicos agravados, además del de malversación en su modalidad más grave.

El ministerio público ha recurrido el auto en el que el juez Llarena retiró el delito de sedición a Puigdemont y le procesó por desobediencia y malversación, y ha solicitado que incluya en las órdenes de detención e ingreso en prisión el delito de desórdenes públicos agravados para el expresidente de la Generalitat y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Sin embargo, no pide la misma modificación para el también ex consejero Lluis Puig ni para la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno explican que solo discrepan con el instructor del 'procés' en la valoración que hace de los hechos delictivos antes calificados como sedición. La Fiscalía del Tribunal Supremo interpreta que "los hechos constituyen un delito de desórdenes públicos porque se cumplen todos los elementos típicos del artículo 557 del Código Penal: actuación en grupo, fin de atentar contra la paz pública, incumplimiento de resoluciones judiciales y realización de actos típicos de violencia, intimidación, obstaculización de vías públicas con riesgo personal o invasión de edificios alterando sus servicios esenciales".

Los delitos de malversación en su modalidad más grave y desórdenes públicos agravados podrían comportar una pena máxima de 17 años de prisión.