Las Cortes y el Gobierno español acatan el fallo del TC pero alertan de la decisión "sin precedentes"

El Gobierno español y las Cortes Generales (Congreso y Senado) como representación del poder Ejecutivo y Legislativo han acatado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la tramitación parlamentaria de las enmiendas que permitían renovar el poder judicial, aunque han mostrado su preocupación ante un hecho "insólito".

Después de que el Tribunal Constitucional haya estimado la medida cautelarísima —por seis votos a cinco— solicitada por el PP contra los acuerdos en los órganos del Congreso que permitieron tramitar dos enmiendas en la reforma del Código Penal para permitir la renovación del TC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los representantes del Congreso, Senado y el Ejecutivo han realizado una declaración institucional para valorar el fallo. 

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha afirmado que acata la decisión del TC, pero ha asegurado que defenderá la autonomía del poder legislativo ante este hecho "sin precedentes". "A la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar en el tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria", ha dicho en una declaración institucional realizada en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso.

"Con la decisión conocida hoy se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales", ha recalcado.

Por su parte, el presidente del Senado, Ander Gil, ha asegurado que cumplirá la decisión pero ha alertado de los peligros que comporta este modo de proceder del Constitucional.

En una declaración institucional desde el Salón de Pasos Perdidos del Senado, Gil ha manifestado que la suspensión de la tramitación d de una ley supone "un grave quebranto" en el sistema democrático "y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia".

También ha hecho hincapié en cómo el Tribunal Constitucional ha sido sometido a una "instrumentalización" por parte de "quienes irresponsablemente han tratado de obtener de él lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las Cámaras" mediante su "utilización tacticista".

"Lo que está ocurriendo hoy tendrá un alto coste en términos democráticos mañana", ha alertado igualmente el presidente del Senado quien, no obstante, ha aseverado que la democracia "es fuerte" y dispone de mecanismos para superar "las peores crisis" y se ha mostrado convencido de que ahora también lo hará.

"Esta vez también lograremos preservar la inviolabilidad y la prevalencia constitucional de las Cortes Generales", ha manifestado después de anunciar, como también ha hecho la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que una vez acatada la decisión del Constitucional, se estudiarán las vías para "preservar la autonomía parlamentaria".

El Senado decidirá hoy cómo proceder

Entretanto, la Mesa del Senado se reúne esta mañana para decidir si continúa con la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición y toca el de malversación, sin las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional sobre la renovación del propio tribunal.

Este órgano se reunirá previsiblemente a las 08:30 horas, aunque la hora de esta reunión está condicionada a la comunicación al Senado por parte del Tribunal Constitucional de la resolución.

De este modo, la decisión de si continúa la tramitación en la Cámara Alta del resto de la proposición de ley que reforma el Código Penal recae ahora en la Mesa del Senado, donde el PSOE y el PP tienen tres miembros respectivamente, mientras que el PNV tiene uno.

Gobierno español: La decisión es "de una gravedad máxima"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que la resolución del TC debe acatarse pero ha  remarcado que es algo que no había ocurrido nunca en los últimos 44 años, que no ha pasado jamás "en ningún país europeo de nuestro entorno" y que afecta a los fundamento de la separación de poderes.En este sentido, ha señalado que lo ocurrido es de una "gravedad máxima", porque el TC ha tomado la decisión en un tiempo inusualmente breve y con una mayoría exigua de seis votos frente a cinco. Además, ha asegurado que el Gobierno español no comparte "ni el insólito procedimiento seguido" ni tampoco el fondo de la decisión "nunca antes visto en las Cortes Generales", según ha subrayado.

"La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales. Es más, esa facultad existía y en 1985 se derogó, precisamente para evitar que se pudiera impedir a los parlamentarios debatir y aprobar asuntos. Lo que se pretendía evitar, justo ha ocurrido hoy", ha lamentado Bolaños.

También ha afeado al TC que haya "paralizado su propia renovación" que está pendiente desde hace seis meses y que lo hayan hecho algunos magistrados que "con su voto han decidido su propio futuro", ha apostillado.

En representación de Unidas Podemos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha recalcado que "la derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia".

Entretanto, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "hoy nuestra democracia sale fortalecida". "En un Estado de derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón", ha aseverado Feijóo. Tanto Vox como Cs han celebrado la decisión y han destacado que "Sánchez pierde".

La mayoría de los socios de investidura de Sánchez, con ERC y PNV a la cabeza, también han lamentado la intervención del TC en el poder Legislativo, y Más País ha registrado una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y evitar los retrasos en la renovación de los magistrados.