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Anticorrupción investigará los contratos de emergencia del Gobierno español denunciados por el PP de Madrid
Entre las empresas que el fiscal jefe de Anticorrupción considera "favorecidas" se encuentran Beedigital, a la que la denuncia vincula con la ministra Nadia Calviño; e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente español, Pedro Sánchez.
agencias | eitb media
Euskaraz irakurri: Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak Madrilgo PPk salatutako larrialdiko kontratuak ikertuko ditu
El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar los contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que se incluyeron en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
En un decreto de siete páginas, el fiscal jefe indica que los hechos denunciados "revisten especial trascendencia" por lo que incoa diligencias para el esclarecimiento de los mismos, abriendo así una investigación por cada una de las siete empresas "supuestamente favorecidas". Entre estas se encuentran Beedigital (a la que la denuncia vincula con la ministra de Economía, Nadia Calviño) e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Luzón recuerda que el pasado 10 de marzo tuvo entrada en esa fiscalía especializada de la denuncia del portavoz del PP en la Asamblea en la que señalaba "irregularidades que considera habidas en los contratos de emergencia, relacionados con la covid-19" y formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectaban a contratos y a la concesión de subvenciones públicas.
Tras detallar hasta 13 contratos por valor de más de 320 millones de euros, Anticorrupción explica que el hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian "son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador".
Añade que las irregularidades que se detallan básicamente son la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos.
Además, dice que, para el PP, estas conductas "pudieran constituir los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".