El Parlament pide al Gobierno español investigar y asumir las responsabilidades del espionaje con Pegasus

La Junta de Portavoces del Parlament ha acordado una declaración mediante la que condena el presunto espionaje político de dirigentes independentistas catalanes y pide al Gobierno español investigar el caso.

La declaración ha sido apoyada por los grupos parlamentarios de ERC, Junts, la CUP y comuns. El PSC-Units no ha apoyado la declaración al argumentar que no se han admitido enmiendas que habían presentado, según fuentes socialistas. Entre otras cosas, reclamaban eliminar las referencias a la "causa general contra el independentismo", a la persecución y a la disidencia política, así como exigir investigar al Estado, en lugar de al Gobierno central.

En concreto, la declaración pide al Gobierno de Pedro Sánchez "que investigue con la máxima celeridad y transparencia en los órganos pertinentes, que dé las explicaciones necesarias y se asuman las responsabilidades a todos los niveles pertinentes ante esta práctica ilegal de espionaje contra la disidencia política".

Mediante el texto, el Parlament se ha comprometido a "proteger y preservar los derechos de las personas espiadas, entre ellas diputados de la Cámara, a través también de personarse en las causas que se abran a raíz de las denuncias de las víctimas, entre algunas acciones a emprender".

Además, reclama al Estado la adopción urgente de medidas para "erradicar el espionaje político antidemocrático, y garantizar así que ninguna persona pueda ser víctima de espionaje y persecución por defender un proyecto político", y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos y libertades.

La declaración asegura que el "caso de ciberespionaje masivo" supone una vulneración flagrante de derechos y manifiesta su solidaridad con las personas afectadas, entre las que recuerda que figuran la presidenta de la Cámara, Laura Borràs; el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los expresidentes Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas, y otros diputados del Parlament.

Ha defendido que el caso —que tacha de escándalo que ataca a la propia democracia— debería preocupar al conjunto de fuerzas democráticas, y enmarca el uso del programa Pegasus en "la causa general contra el independentismo, iniciada en 2017 para contrarrestar un movimiento pacífico, cívico y democrático".