Política -
Espionaje político
Puigdemont y Junqueras denunciarán el espionaje de Pegasus en España, Francia, Suiza, Luxemburgo y Alemania
Puigdemont y Junqueras han anunciado que presentarán querellas los próximos días contra los responsables. Puigdemont ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que "actúe urgentemente" y haga rendir cuentas a España por el uso de Pegasus contra rivales políticos.
Agencias | EiTB Media
Euskaraz irakurri: Puigdemontek eta Junquerasek espioitza salatuko dute Espainia, Frantzia, Suitza, Luxenburgo eta Alemanian
El eurodiputado y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras, han anunciado este martes en el Parlamento Europeo acciones legales en España, Francia, Suiza, Luxemburgo y Alemania por el caso del espionaje con el programa Pegasus a dirigentes independentistas, destapado en una investigación de la plataforma de ciberseguridad 'CitizenLab'.
En una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo en Bruselas, Puigdemont ha informado de que presentarán querellas los próximos días contra los responsables, empezando por la empresa tecnológica NSO, en los tribunales en Barcelona, pero también ante la justicia de otros países de la Unión Europea donde se han producido los supuestos ciberataques, caso de Francia, Alemania, Suiza y Luxemburgo.
Además, el expresident de la Generalitat y eurodiputado ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que "actúe urgentemente" y haga rendir cuentas a España por el uso del programa Pegasus contra rivales políticos, que supone una "violación masiva de derechos fundamentales".
Para Puigdemont el Ejecutivo español debe "rendir cuentas" por esta "trama". "Es un sistema entero el que está corrupto y es a ese sistema al que tenemos que sentar en los tribunales", ha indicado.
Por su lado, el líder de ERC ha subrayado que su formación política será "exigente" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha asegurado que debe dar explicaciones porque "tiene responsabilidad de saber si sus órganos usan esto".
"Tiene la obligación de explicarlo no solo en el Congreso y el Senado sino también en otros ámbitos institucionales, también en el Parlamento Europeo", ha afirmado Junqueras.
Sobre si este caso afectará a la mesa de negociación política entre la Generalitat y el Gobierno, el líder de Esquerra ha insistido en que el proceso de diálogo es "una herramienta útil" a la que "no va a renunciar".
Junqueras ha subrayado que casos como el posible uso de Pegasus contra dirigentes catalanes hace que el independentismo "acumule capital político" de cara a la comunidad internacional.
Junto a Puigdemont y Junqueras han comparecido el investigador de CitizenLab John-Scott Railton, que ha llevado a cabo la investigación, y el exrelator especial de la ONU sobre libertad de expresión David Kaye, así como los líderes de las entidades civiles ANC y Ómnium Cultural y un diputado de la CUP.
Más de dos años de investigación
Railton ha explicado cómo se ha llevado a cabo, a lo largo de algo más de dos años, la investigación que ha desvelado cómo más de 60 líderes independentistas fueron objetivo de este software que toma el control del dispositivo infectado, en muchas ocasiones sin que la víctima tenga conocimiento de ello.
El investigador ha señalado cómo, en ocasiones, el 'spyware' entraba en el dispositivo a través de mensajes de texto que aparentemente procedían de aerolíneas -tras comprar un vuelo- o de Hacienda o la Seguridad Social españolas, con "mensajes muy convincentes" y que en ocasiones contenían datos específicos de la víctima.
Railton ha dicho a que, pese a que la investigación no ha podido determinar con seguridad quién está detrás de este espionaje, hay detalles que "apuntan a varias entidades dentro del Estado español".
Son, por ejemplo, el hecho de que las víctimas eran "de interés obvio" para España y que las fechas en las que se infectaron los dispositivos encajan con fechas clave en el "procés" independentista catalán, cuando las autoridades catalanas impulsaban el referéndum en 2017.
Kaye, por su parte, ha instado a una moratoria del uso de este tipo de programas y a que la comunidad internacional aborde "cuestiones serias", como si el 'spyware' puede usarse en línea con la legislación internacional de derechos humanos, si existen reglas apropiadas sobre su uso, si las víctimas reciben compensación y si los Estados controlan su uso.