Política -

Entrevista

Amaia Izko: "Es el primer filtro, y no determina cuál será la posición de Estrasburgo"

La abogada de Jokin Unamuno y Ainara Urkijo afirma que ambos han recibido la noticia "con cierta esperanza", aunque saben que un posible fallo no repercutirá en sus condenas.

Una de las comparecencias de los jóvenes condenados. Foto: EFE
Una de las comparecencias de los jóvenes condenados.
Una de las comparecencias de los jóvenes condenados. Foto: EFE

EITB MEDIA

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Euskaraz irakurri: Amaia Izko: "Lehen galbahea da; ez du inondik inora aurreratzen zein izango den Estrasburgoren ikuspuntua"

La abogada de dos de los jóvenes del caso Alsasua, Amaia Izko, ha valorado la toma en consideración por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de los primeros recursos presentados por las defensas de los ocho condenados. Izko, en una entrevista a Euskadi Irratia, ha puntualizado que se trata de "un primer filtro", y éste no determina cuál será la posición que tomará finalmente el TEDH.

"Las notificaciones que recibimos ayer abren la puerta a que el tribunal analice todas las irregularidades y vulneraciones de derechos que hemos venido denunciado", ha explicado.

Así, ha admitido que sus representados, Jokin Unamuno y Ainara Urkijo, han recibido la noticia "con cierta esperanza", aunque saben que un posible fallo no repercutirá en sus condenas (ambos las tienen cumplidas). Sin embargo, una resolución por parte de Estrasburgo sí confirmaría la ausencia de un proceso justo. "Sería importante para demostrar que la Audiencia Nacional es un tribunal de excepción y parcial", asegura la letrada.

Izko considera que este primer paso es fruto de "la lucha de las familias para denunciar lo ocurrido, socializarlo y lograr que no se vuelva a repetir. Tanto Jokin como Ainara tienen cierta esperanza en Estrasburgo, y esta notificación no hace sino alimentarla. No obstante, hay que ser realistas y conscientes de las dificultades que pueden surgir en adelante".

Según la abogada, a partir de ahora el TEDH debería pedir información al Gobierno español sobre las irregularidades denunciadas, así como notificar a los demandantes (la defensa de los jóvenes) de los trámites para las correspondientes alegaciones.

 

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