Garzón justifica las escuchas para evitar que la trama evadiera dinero

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha justificado este martes en el Tribunal Supremo su orden para que fueran intervenidas las conversaciones en prisión de los cabecillas de la "trama Gürtel" con sus abogados, decisión por la que se enfrenta a una pena de inhabilitación de 17 años, en la necesidad de impedir que los miembros de esta red delictiva continuaran operando para blanquear capitales y evadir dinero fuera de España.

Tras la reanudación de la vista, que se había iniciado por la mañana con las cuestiones previas planteadas por la defensa, el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, ha señalado a Garzón que para declarar como imputado debía despojarse de la toga y sentarse en el lugar destinado a los procesados.

Hasta el momento, el juez suspendido había estado sentado en el banco destinado a los letrados de la defensa junto a su abogado en esta causa, Francisco Baena Bocanegra.

Con una voz muy débil y ronca, fruto de la afonía que padece, Garzón ha contestado a las preguntas de Ignacio Peláez, cuya querella inició este procedimiento contra él en el alto tribunal, y ha negado que las intervenciones le permitieran conocer la estrategia de defensa de su cliente, el constructor Ulibarri.

Ha añadido que las estrategias de defensa además "le importaban bien poco" para el curso de la investigación, pues su intención no era otra que la de "evitar la continuación de la acción delictiva" relacionada con el blanqueo de capitales y la evasión del dinero fuera de España.

Gárzón ha insistido en que la actividad delictiva continuaba en prisión por parte de los integrantes de la trama corrupta, y que las escuchas le brindaban "la única posiblidad que tenía", como juez, para poder perseguir los delitos y conciliar este interés con la protección de los derechos de las partes en el proceso.

Los abogados "eran parte nuclear" de las actividades de la trama corrupta, según Garzón, concretamente Ramón Blanco Balín, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado, quienes posteriormente resultaron imputados, al igual que los cabecillas de la trama "Gürtel", por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad tráfico de influencias.

Recusación de jueces

Al inicio de la vista, la defensa de Garzón ha reiterado la recusación de los jueces Luciano Varela y Manuel Marchena, al ser, respectivamente, los instructores de las otras dos causas abiertas contra el magistrado en el Supremo: la relativa a la Memoria Histórica y la que le investiga por los patrocinios de los cursos que impartió en Nueva York entre 2005 y 2006.

El abogado de Garzón ha pedido asimismo que se le garantice la posibilidad de poder recurrir en segunda instancia a la Sala 61 del TS en caso de una hipotética condena.

Se trata de la primera vista oral a la que el magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones en mayo de 2010, va a tener que enfrentarse este mes, ya que a partir del día 24 será juzgado otra vez por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Este primer juicio al que sin duda es el magistrado español con mayor proyección internacional ha despertado una gran expectación mediática con casi un centenar de medios de más de 15 países acreditados.

Arropado por compañeros y simpatizantes

Baltasar Garzón ha llegado al Supremo sobre las 10:15 y se ha introducido en el interior sin hacer declaraciones. Frente a las puertas del tribunal varias decenas de personas, convocadas por la plataforma "Solidarios con Garzón", se han concentrado para denunciar "la persecución política" que a su juicio sufre el juez.

El grupo de simpatizantes, encabezado por la actriz Pilar Bardem y el diputado de IU Gaspar Llamazares, portaba una gran pancarta en la que se podía leer "Contra la  inmunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo", al tiempo que coreaban gritos en solidaridad con apoyo al juez e insistiendo en que "hay que juzgar al franquismo criminal". Asimismo llevaban carteles con eslóganes como "tapan sus delitos echando a Garzón" o "acallan al juez; mañana a ti".

En declaraciones a los medios, Llamazares ha asegurado que los diferentes procesos judiciales abiertos al juez son un "linchamiento político y corporativo".

También han acudido al Supremo un grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional para arropar a su compañero.

Entre ellos estaban la fiscal Dolores Delgado, los jueces de instrucción Fernando Andreu y Santiago Pedraz y los magistrados de la sala de lo penal Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Clara Bayarri y José Ricardo de Prada, estos últimos son los que firmaron el voto particular a favor de la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo.

Denunciado por los imputados de 'Gürtel'

La causa por las escuchas telefónicas se abrió a raíz de la querella presentada en 2009 por Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en el "caso Gürtel" -el empresario José Luis Ulibarri-, que solicita 10 años de inhabilitación para el juez, frente a los 17 que pide el considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, y los 15 que solicita su número dos, Pablo Crespo.

La Fiscalía no acusa y reclama la absolución de Garzón, al considerar que no cometió los delitos que se le imputan.

En el auto de apertura del juicio oral, dictado el pasado 11 de abril, el instructor del caso en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, señaló que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" entre abogados y presos, y que "le resultó indiferente" que su contenido fueran únicamente las estrategias de defensa.

Garzón, sin embargo, siempre ha mantenido que las escuchas eran la "única vía" para evitar que los cabecillas de la red "Gürtel" ocultaran las pruebas o los fondos que manejaban, aunque sus argumentos no consiguieron convencer al instructor, que además le denegó la mayoría de las pruebas que había solicitado.

La vista está señalada para los próximos tres días en sesiones.