La empresa de seguridad de Correos no detectó las cartas amenazantes con balas

Correos ha abierto un expediente a la empresa de seguridad que el 19 de abril no detectó tres cartas amenazantes con balas enviadas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias; y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Según la copia de la carta enviada por Correos a la empresa INV Vigilancia, la sociedad estatal le comunica la apertura de un expediente y "el apercibimiento más severo" y solicita la "retirada inmediata del servicio" de la persona que estaba a cargo del equipo radiológico por el que pasaron las misivas.

El 21 de abril, Marlaska, Iglesias y Gámez denunciaron haber recibido sendas cartas con amenazas y cartuchos de bala en su interior.

Correos explica en su carta que los paquetes fueron "matasellados e inspeccionados" a las 17:48 horas del 19 de abril en el Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid, en Vallecas, "sin que el operador de servicio fuera capaz de identificar los proyectiles que portaban".

El sindicato CSIF ha defendido la profesionalidad de los trabajadores de Correos, pero reclama llegar hasta el final para verificar si ha habido un "error".

CSIF indica que "nunca había pasado esto", justifica que todos los envíos están sometidos a unos controles exhaustivos y recuerda que Correos llega a diario a 25 millones de hogares y a tres millones de empresas e instituciones de España.

No obstante, añade que "el sindicato no concibe lo que ha pasado en esta ocasión y exige un examen del protocolo de Correos que permita llegar hasta el final y verificar si en esta ocasión hubo algún error que comprometiese la seguridad de la ciudadanía".

Por su parte, el sindicato profesional de seguridad privada Alternativa Sindical ha puesto en duda que fuera por un "error" del vigilante de seguridad el que hubieran llegado a sus destinatarios estas cartas.

En un comunicado, el sindicato "exige a Correos y a al jefe de seguridad que ha responsabilizado al vigilante, que investigue las causas que supuestamente han llevado a concluir que ha sido error del vigilante de seguridad y no del buen funcionamiento o calidad de sus propios sistemas de escáneres automatizados, antes de poner en duda el buen nombre de los profesionales de seguridad".

Por último, UGT pide al Gobierno español que reflexione sobre el modelo de contratación pública de la seguridad privada, "basado en el factor precio y no en la calidad de los servicios".