Política -
Estatuto de Gernika
¿Qué supone asumir la competencia de prisiones?
El Gobierno Vasco asumirá la gestión de las cárceles de Zaballa, Martutene y Basauri. Sin embargo, cuando se construya la prisión de Zubieta el Ejecutivo de la CAV devolverá Martutene al Estado.
Eriz Lotina | EiTB Media
Euskaraz irakurri: Zer ondorio ditu Eusko Jaurlaritzak espetxeen eskumena bere gain hartzeak?
Durante más de de cuatro décadas han sido el Ministerio del Interior y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias los responsables de las cárceles ubicadas en Euskadi. Una vez que se firme el traspaso de la competencia, pasarán el testigo al Gobierno Vasco. El traspaso se hará efectivo a partir del próximo 1 de octubre.
El Gobierno Vasco asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente hay alrededor de 1300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Álava), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres.
Los tres inmuebles serán traspasados a Euskadi y le pertenecerán en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado.
Cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene al español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario.
Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español el pasado mes de marzo por un importe cercano a los 39 millones de euros. Deberá ejecutarse en 22 meses, por lo que, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023.
La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por Instituciones Penitenciarias tras su cierre. Ya no acoge a población reclusa y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones. El centro penitenciario no se ha desafectado del servicio público.
En cuanto a las y los empleados, son alrededor de 700 las personas que trabajan en los tres centros. En su mayoría son funcionarios de prisiones y el resto personal laboral.
El Gobierno Vasco los integrará en la función pública de Euskadi y se hará cargo de sus retribuciones, y sus derechos adquiridos hasta el momento de la transferencia serán respetados.
La valoración económica de la transferencia asciende a 70 millones de euros, cantidad que se descontará del Cupo y se trasladará a los presupuestos para poder financiar el conjunto de funciones y servicios asumidos.
