Gobierno Vasco: "El TC avala el trabajo de la comisión de valoración de víctimas"

El Gobierno Vasco ha valorado hoy, miércoles, el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso del PP contra la conocida como ley vasca de abusos policiales, que adelantó ayer EiTB. Así, en palabras del Ejecutivo, esta sentencia "legitima y garantiza" el trabajo de la comisión de valoración, encargada de analizar las solicitudes de las víctimas.

En una sentencia, el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de los senadores del PP contra la "Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999", como ya hiciese el pasado mes de julio con otro recurso de Ciudadanos, cuando ya dijo que esta normativa no vulneraba la Carta Magna.

En este sentido, Beatriz Artolazabal, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, ha mostrado su satisfacción porque este fallo "legitima y garantiza" el trabajo iniciado en la Comisión de Valoración y abre la puerta a que las víctimas "vayan a poder ver reparada en parte la injusticia vivida".

Este órgano ya ha comenzado su labor con tres reuniones tras las sentencia de julio, que proseguirán con otros seis encuentros más en octubre. "Va a ser un trabajo arduo y meticuloso que nos llevará toda esta legislatura”, ha indicado la consejera, quien ha subrayado que permitirá "avanzar en favor de la convivencia plural y democrática".

La comisión tiene sobre la mesa más de 300 solicitudes de personas que aseguran haber sido víctimas de la violencia policial, pero esta cifra puede crecer hasta el 21 de diciembre de 2021, cuando se cierra el plazo para presentar estas peticiones.

La norma fue aprobada la pasada legislatura con los votos del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y el rechazo del PP. Modificaba una norma anterior sobre abusos policiales que había sido recurrida por el anterior Gobierno del PP, un recurso que retiró el Ejecutivo socialista en 2018.