Dos exalcaldes de Alonsotegi, al banquillo por posible corrupción

La Audiencia de Bizkaia ha resuelto sentar en el banquillo en un procedimiento de tribunal con jurado a dos exalcaldes del pueblo vizcaíno de Alonsotegi, ambos del PNV, junto a cuatro personas más, por supuestas actuaciones corruptas que podrían ser consideradas como malversación, fraude y tráfico de influencias, entre otros posibles delitos.

Esta causa se abrió en el año 2014, a raíz de una denuncia presentada por EH Bildu, por supuestas irregularidades urbanísticas.

En un auto fechado el 26 de mayo, la Audiencia confirma la resolución del Juzgado de Instrucción de Barakaldo de julio de 2018, que determinaba que un tribunal del jurado resolviera sobre la culpabilidad de los seis acusados.

El auto desestima los recursos que reclamaban el sobreseimiento de las imputaciones alegando la falta de indicios para su acusación y lo inapropiado del procedimiento de su enjuiciamiento con jurado popular, argumentos que han sido rechazados por la Audiencia de Bizkaia.

Continúa, por tanto, el procesamiento en relación con la gestión opaca de una sociedad municipal, Alonsotegi Eraikiz, a través de la cual el Ayuntamiento de Alonsotegi podría haber gastado alrededor de 7,3 millones de euros sin justificar su destino.  

“La Sala estima que no hay norma alguna” que impida juzgar esos hechos con un jurado popular y destaca “la verosimilitud de los delitos y de su imputación provisional a los investigados”, si bien constata la dificultad de concretar la participación de cada uno de los imputados en los hechos.

La sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, en la que los investigados han tenido cargos de responsabilidad, se disolvió en abril de 2011 y cedió sus activos al Ayuntamiento de Alonsotegi. En su balance de diciembre de 2010, la sociedad contabilizaba existencias por valor de 15 980 000 euros, cuando los únicos bienes que pertenecían a la sociedad pública a esa fecha lo eran por valor de 476.000 euros.

“La operación con esa contabilidad buscaba en realidad que el Ayuntamiento abonase las deudas que la mercantil mantenía con las mercantiles beneficiadas por las adjudicaciones”, ha concluido la Audiencia.

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