ETA asesinó a 24 personas que habían sido concejales entre 1975 y 2011

El Gobierno Vasco ha presentado un informe sobre la injusticia padecida por concejales que sufrieron violencia de persecución (1991-2011). Este estudio da continuidad a una serie de informes que vienen elaborándose en esta y la anterior legislatura y que en conjunto configuran una contribución, ordenada por piezas, al derecho a la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos y al derecho al reconocimiento de la injusticia padecida por las víctimas. Ese trabajo, de hecho, desarrolla –y específica en el colectivo de concejales– un estudio anterior, presentado 31 de marzo de 2016 y titulado Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011).

La Secretaría General de Derechos humanos, Convivencia y Cooperación encargó a principios de 2018 al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, un informe que reflejase y analizase la injusticia padecida por aquellas personas que ocuparon puestos de concejal en Euskadi y que sufrieron violencia de persecución o amenazas por parte de ETA, mayoritariamente del PSE-EE y del PP. También refleja el acoso específico padecido, a partir de 2003, contra concejales de todos los partidos que ocupaban concejalías que podían haber sido ostentadas por las candidaturas ilegalizadas.

Han sido los autores del informe, Jose Ramón Intxaurbe y Gorka Urrutia quienes han presentado su contenido.

Objetivos

El estudio ofrece "una descripción cuantitativa y cualitativa del sufrimiento injusto provocado a concejales que sufrieron amenazas y acoso directo en el marco de la violencia de ETA".

Análisis cuantitativo

En el informe se recoge un total 24 personas que, en el ejercicio de su función de concejales de ayuntamiento, fueron asesinadas por ETA. Hasta 1991, 8 personas; y entre ese año y 2011, otras 16 personas.

En el informe a modo de referencia se refleja el número de concejalas y concejales por año que llevaron escolta en el periodo 1991-2011, y que fueron protegidos por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La mayor parte de estas personas estuvieron escoltadas en un periodo como mínimo de 1 año y hasta 13 años.

Análisis cualitativo

El equipo redactor del informe ha llevado a cabo 14 entrevistas con un cuestionario semiestructurado. La mayoría de las personas entrevistadas ejercieron el cargo de concejal en municipios del País Vasco entre los años 1991 y 2015. Adicionalmente, también se recoge el punto de vista de familiares de estos cargos públicos para reflejar el impacto que este acoso tuvo en las personas con las que convivían.

Conclusión del Gobierno Vasco

Jonan Fernandez ha concluido señalando que “con estos informes no hablamos solo de datos cuantitativos, hablamos de personas concretas, de familias enteras y de un sufrimiento inmenso, prolongado y poco visibilizado. Con la presentación de este informe queremos que aquellas personas que fueron concejalas y concejales, mayoritariamente del PSE y del PP, amenazadas o perseguidas por el hecho de serlo, sepan tres cosas: (1) que conocemos el sufrimiento que padecieron, (2) que afirmamos la injusticia de aquel sufrimiento, (3) que este informe registra aquella realidad de modo oficial en la construcción de la memoria, y es expresión de solidaridad hacia sus víctimas”.

Este informe que presentamos hoy es de acceso público. Y es para quien lo lea la ocasión de realizar un ejercicio de empatía colectiva para entender qué tipo de opresión física, psicológica, familiar y humana pudo suponer para una persona vivir un día tras otro con el peso de la amenaza de perder la vida violenta e injustamente. Por todo ello, este estudio, como los anteriores, será oficialmente depositado en Gogora.