Libertad provisional para Arnaldo Otegi por el caso de las 'herrikos'

La Audiencia Nacional ha concedido hoy la libertad provisional al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en la causa en la que se investiga la financiación de ETA a través de las ''herriko tabernas'', aunque el dirigente abertzale seguirá en prisión preventiva por el caso ''Bateragune''. En un auto notificado hoy, la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia señala que aún no ha podido fijar la fecha del juicio y que en Otegi "concurren unas circunstancias de arraigo personal y familiar que, en principio, parecen hacer disminuir el riesgo de fuga". También argumenta que el riesgo de reiteración delictiva "ha disminuido y a pesar de que éste permanece también se considera que no es de la suficiente intensidad como para mantener la medida de prisión provisional". La sala, por ello, acuerda la libertad provisional del exportavoz de Batasuna, al que impone una fianza de 50.000 euros y la obligación de comparecer una vez por semana en el Juzgado, si bien estas medidas no tendrán efecto porque Otegi no saldrá de prisión. Al procesado también se le prohíbe participar en reuniones, manifestaciones o actos públicos de formaciones similares a las ilegalizadas por el Tribunal Supremo. La Fiscalía había informado a favor de la libertad de Otegi, que llevaba diecisiete meses en prisión preventiva por esta causa, mientras que las acusaciones populares se habían opuesto. En el sumario de las "herrikos" están procesados, además de Otegi, otros cuarenta exdirigentes de esta formación, entre ellos Rufino Etxeberria, Joseba Permach, Adolfo Araiz, Floren Aoiz, José Luis Elkoro y Karmelo Landa. La Fiscalía solicita doce años de prisión para Otegi por un delito de pertenencia a ETA en grado de dirigente. Otegi, en cualquier caso, seguirá en prisión preventiva por el llamado "caso Bateragune", en el que se investiga el intento de reconstrucción de la dirección de la formación ilegalizada. En esta causa, el exportavoz de Batasuna, que fue detenido el 13 de octubre de 2009, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de prisión.