Política -
Caso Miñano
La Cámara dice que la investigación del caso Miñano es insuficiente
Así lo ha reconocido el presidente de la comisión de investigación, Juanjo Agirrezabala, quién no ha cerrado la puerta a nuevas peticiones de comparecencia.
Redacción
El presidente de la comisión parlamentaria que investiga las presuntas tramas de cohecho y espionaje político, Juanjo Agirrezabala, ha reconocido hoy que la información recabada "no es la esperada ni la deseada", porque algunos de los comparecientes se han acogido a su derecho de no responder a las preguntas de los parlamentarios. De este modo, el órgano ha abierto la puerta a nuevas peticiones de comparecencia.
Los miembros de la comisión se han reunido hoy para evaluar la labor hecha hasta el momento. Tras el encuentro, su presidente ha efectuado, en los pasillos de la Cámara, un análisis "positivo" de la misma.
Asimismo, la comisión ha decidido dar la posibilidad a los grupos de plantear más peticiones de comparecencias o de documentación relacionadas con las dos primeras líneas de investigación. Los partidos tendrán de plazo hasta el próximo martes para poder registrar sus solicitudes y el miércoles la comisión decidirá las que acepta y las que no.
Previsiblemente, esta circunstancia alargará los trabajos que, de no haber concluido antes de las elecciones de mayo, pararán durante los quince días de campaña electoral para ser retomados después.
La comisión ha escuchado durante el mes de enero los testimonios de 12 de las 33 personas convocadas, mientras que el de Araceli Bajo, lo va a tratar de recabar a través de un cuestionario, ya que no ha asistido por estar de baja médica.
Esas 33 personas están llamadas para colaborar en el intento de aclarar los hechos recogidos en las dos primeras líneas de la investigación: la relacionada con la presuntas contrataciones irregulares por parte del Departamento de Cultura y la referente al espionaje a personalidades de la vida política y económica alavesa. Las siguientes áreas del proceso judicial están relacionadas con la compra de terrenos presuntamente de forma fraudulenta en Bizkaia y Álava.