Política -
Propiedad intelectual
PSOE, PP y CIU salvan la Ley Sinde en el Senado
A través de una enmienda conjunta se refuerzan las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor.
Redacción
PSOE y PP han alcanzado hoy un acuerdo para rescatar la Ley Sinde en el Senado a través de una enmienda conjunta que refuerza,&' || 'nbsp;aunque de forma limitada, las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor.
El acuerdo incluye un compromiso por parte del Ejecutivo de reformar en el plazo de tres meses la normativa sobre la compensación por copia privada o canon digital&' || 'nbsp; (la tasa que grava a priori cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento): "El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada".
El próximo 9 de febrero el pleno del Senado votará de nuevo la Ley Sinde.
La enmienda, a la que ha tenido acceso Efe, ratifica la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, para ejercer funciones de mediación y arbitraje y examinar las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.
Se añade que todo requerimiento de cierre de una web a dicha comisión "exigirá la previa autorización judicial", que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal.
Una vez obtenida la autorización, las páginas web "estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación".
La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que "en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores" o realizar las alegaciones que considere oportunas.
Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución.
En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes.
La falta de resolución en los plazos determinados "tendrá efectos desestimatorios de la solicitud", añade el texto.
