Podemos y PP ponen el foco en el posible acuerdo de las partes en el caso De Miguel

El portavoz de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha cuestionado que la Fiscalía busque un acuerdo "que satisfaga a todas las partes", en alusión al juicio por el caso De Miguel. Por su parte, la secretaria general del PP de Euskadi, Amaya Fernández, ha señalado que "nadie entendería que se pudiera llegar a un apaño" en esta causa.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Larrea ha recordado que en los últimos días se han publicado las sentencias condenatorias por los casos Margüello y la planta de purines de Karrantza y que los acusados del caso de Miguel negocian con la Fiscalía un acuerdo asumiendo algunos de los delitos, además de las irregularidades en la OPE de Osakidetza y las sentencias que afectan a alcaldes y concejales del PNV en localidades como Alonsotegi, Bakio, Zierbena o Erandio.

"Algo huele a podrido en Dinamarca", ha dicho Larrea citando a Shakespeare. Ha censurado el "hedor nauseabundo" que hay en Euskadi por los casos de clientelismo y corrupción que afectan a cargos del PNV.

En cuanto al caso De Miguel, Larrea ha emplazado al Ministerio Público a actuar con transparencia para que quede clara la actuación de esta supuesta trama corrupta y conseguir un acuerdo que satisfaga al "bien común, no a una parte" del proceso.

Por su parte, en una conferencia de prensa también en Bilbao, Fernández ha señalado que esta causa supone "el mayor caso de corrupción política del PNV" y ha exigido "rigor" y "seriedad" en este asunto.

A su juicio, "nadie entendería que esto, al final, pudiera solucionarse con lo que los vascos pudieran entender como un apaño".

“Hasta el último céntimo de euro"

El Gobierno Vasco, personado en el denominado caso De Miguel, exigirá la devolución a las arcas públicas de hasta "el último céntimo de euro" del daño que eventualmente los acusados pueden reconocer en los hipotéticos acuerdos de conformidad entre la Fiscalía y las defensas.

El portavoz del Ejecutivo de la CAV, Josu Erkoreka, se ha mostrado "muy cauto" en relación a este caso porque, según ha recordado, el Gobierno Vasco está personado, pero ha señalado que la representación judicial del Ejecutivo no se opuso al aplazamiento temporal.