El Gobierno Vasco rechaza equiparar víctimas policiales con las de ETA

Pasado mañana, el miércoles, el Gobierno Vasco presentará en el Parlamento el conocido como informe sobre vulneraciones de derechos humanos de las víctimas de motivación política. El documento, que corresponde a un mandato de la Cámara de Vitoria-Gasteiz, abarca un período que va desde 1968 hasta la actualidad y se centra en las víctimas de vulneraciones provocadas por agentes públicos y propone su reconocimiento y reparación. En el texto, al que ha tenido acceso Radio Euskadi, se rechaza la equiparación de estas víctimas con las del terrorismo.

El informe hace hincapié en las víctimas de vulneraciones al derecho a la vida y al derecho a la integridad provocadas por agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. En sus conclusiones, señala que las víctimas del terrorismo, así como algunas de las que tienen relación con la memoria histórica, han sido objeto de otros tratamientos públicos ya conocidos.

Elude, además, cualquier discurso que equipare a estas víctimas con las del de ETA. En este sentido, rechaza el análisis que pretende, dice, presentar la existencia de vulneraciones de derechos como el enfrentamiento de dos violencias, la de ETA y el Estado, provocado por un conflicto político. Añade que conviene reafirmar la ilegitimidad radical de la violencia de ETA.

Más allá de la existencia de cualquier conflicto político, el período de tiempo al que hace referencia incluye la dictadura franquista, pasando por una transición que califica de compleja y difícil, para terminar en un estado democrático y de derecho comparable a los de su entrono.

El informe, asimismo, propone una declaración pública de reconocimiento de las víctimas de motivación política y medidas de reparación.

Sugiere al parlamento la creación de una ponencia específica que aborde esta problemática y pide que se realice desde la constatación de la necesidad de alcanzar un consenso básico pero amplio en la concreción del alcance de las medidas.

Para poder llevar a cabo el reconocimiento y reparación del daño sufrido por las víctimas, propone la creación de una institución específica que debe contar con los recursos suficientes para desarrollar sus competencias.

Por último, considera necesaria una declaración pública institucional informando de los pasos que se van a dar. Ese sería el primer acto de reconocimiento público.

Una vez que se ponga en marcha, deberán ser las personas afectadas quienes soliciten ser reconocidas formalmente como víctimas.