Errazkin e Intxaurrandieta insisten que fue una decisión política justificada

Este jueves se celebró en el Tribunal de Cuentas de Madrid el juicio contra la ex presidenta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta, y el ex diputado de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Iñaki Errazkin, por suspender las obras de la incineradora de Zubieta.

La demanda fue interpuesta por el actual gobierno de la Diputación (PNV-PSE-EE), y el actual gobierno del GHK exige una indemnización de 41 millones de euros. La cantidad que se les reclama corresponde al pago de la indemnización (8,2 millones de euros) a las empresas constructoras, además de las pérdidas provocadas por los swaps.

La Fiscalía coincide con la acusación en su petición.

Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta defendieron en sede judicial la decisión de paralizar un proyecto que, en su opinión, estaba sobredimensionado. Es más, ratificaron que fue una decisión política justificada, ahora que se está construyendo una incineradora de menores dimensiones. Además, declararon que actuaron conforme a la ley y siguiendo el mandato de los ciudadanos.

Los dos acusados afirman tener un punto de preocupación, pero esperan que el caso no tenga consecuencias personales y que prevalezca la "lógica".

Por otra parte, también declararon el actual diputado de Medio Ambiente, Jose Ignacio Asensio, y el primer teniente de diputado general, Denis Itxaso. Ambos testificaron en contra de los acusados alegando que se alteró la ley foral y que causaron un grave perjuicio al ciudadano.

La semana que viene se hará la sesión de conclusiones y el juicio quedará visto para sentencia.