La Fiscalía solicita nuevas pruebas y la defensa de De Miguel, la nulidad

El macrojuicio en el que están imputados ex altos cargos del PNV de Álava y exmiembros del gobierno de Juan Jose Ibarretxe, el conocido como el 'caso De Miguel', ha comenzado pasadas las 10:15 horas en la Audiencia de Álava con los 26 imputados sentados en el banquillo, entre ellos el principal procesado Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV en esa provincia. El juicio se ha iniciado con las cuestiones previas, que se plantearán hasta el 18 de enero.

En esta primera sesión, la Fiscalía, que pide más de 54 años de cárcel para De Miguel, ha solicitado nuevas pruebas y testigos para reforzar su acusación. Por su parte, la defensa ha solicitado la nulidad por "conculcación" de derechos y "manipulación" de pruebas.

En este proceso sobre el mayor presunto caso de corrupción de la historia en Euskadi están acusadas 26 personas, que se enfrentan a condenas que oscilan entre los siete y los 54 años de cárcel. El principal procesado es el propio De Miguel. Junto a él están acusados otros dos exmiembros del PNV alavés Aitor Tellería y Koldo Ochandiano; así como el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno Vasco con Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría y la que fuera alcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV María Justina Angulo, entre otros.

Los 26 acusados, durante la primera sesión del juicio. Foto: EFE

Nuevas pruebas

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha pedido testifique el ertzaina que participó en la cadena de custodia de la grabadora que entregó en la Fiscalía la abogada Ainhoa Alberdi. Se trata de la persona que destapó este caso al denunciar hace ocho años que De Miguel le pidió el pago de una comisión de 100.000 euros tras haber sido adjudicada a la empresa de la que era administradora la ampliación del Parque Tecnológico de Álava en Miñano.

El fiscal también ha solicitado que se cite como testigo a un notario que intervino en la constitución de muchas de las sociedades que están siendo investigadas en el caso, al entender que puede aportar información relevante sobre el delito de asociación ilícita que se atribuye a algunos acusados.

Asimismo, ha pedido que se cite a un técnico de la Diputación Foral de Álava para que testifique sobre unas recalificaciones de terrenos en Zambrana, unas operaciones que constituyen una de las ramas de actividad de la presunta trama.

Según la Fiscalía, De Miguel dirigió un entramado societario creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un "ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas" y que para ello se valió de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV.

La defensa pide la nulidad

Por su parte, la defensa de Alfredo de Miguel ha solicitado la nulidad total del procedimiento por la "vulneración" de los derechos de su representado (en concreto los derechos a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones) y por la posible "manipulación" de la grabación que propició el inicio de las investigaciones.

Según la defensa, existen "indicios" de que la grabación de audio en la que se sustentó la denuncia pudo ser "manipulada", ya que la cadena de custodia fue "vulnerada" durante el procedimiento, por lo que considera que esta prueba está "contaminada" y carece de "credibilidad".

De Miguel y Telleria. Foto: EiTB

Se prolongará hasta finales de octubre

Una vez planteadas las cuestiones previas, comenzarán las declaraciones, aunque todavía se desconoce si éstas arrancarán con las de los imputados, ya que los abogados de algunos de ellos van a plantear que sus interrogatorios se practiquen en último lugar.

El tribunal está presidido por el magistrado Jaime Tapia y completan la terna Elena Cabero ?ponente de la sentencia? y Raúl Aztiria.

12 piezas

Dada la envergadura del caso se ha acordado que el juicio se divida en 12 piezas que se corresponden con las distintas operaciones investigadas, entre las que figuran varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno Vasco entre 2006 y 2008, el Parque Tecnológico de Álava y la Diputación alavesa.

En la causa también está personado el Gobierno Vasco, que no pide cárcel sino un resarcimiento económico a varios acusados.

La defensa de De Miguel solicita la absolución de su defendido y en su escrito ha censurado el "relato fabulado", "huérfano de prueba" e incluso "rocambolesco" de la Fiscalía.

 

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