Política -
Congreso de los Diputados
Los partidos se unen para reformar la Ley de Víctimas de ETA
Algunas de las novedades son que se reconocerán todos los atentados realizados desde 1960 (hasta ahora esa fecha estaba fijada en 1968) y que los amenazados también serán considerados como víctimas.
Redacción
Todos los grupos parlamentarios del Congreso han escenificado hoy su unidad en apoyo de las víctimas del terrorismo, a las que consideran "referente moral" de los demócratas. El PP y UPyD han aprovechado para remarcar que todas las puertas deben permanecer "cerradas" para ETA.
Los portavoces de los distintos grupos se han dado cita este mediodía en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo para avalar la entrada en el Registro del Congreso de la proposición de ley de reforma de la Ley de Víctimas, que fue promovida la semana pasada por el PSOE y el PP, en colaboración con las asociaciones de víctimas, y a la que finalmente se han sumado todas las formaciones.
En esa iniciativa, que reforma la ley de 1999, se reconocen todos los atentados perpetrados desde el año 1960, fecha en la que falleció la niña de 18 meses Begoña Urroz, considerada la primera víctima mortal de ETA. Hasta ahora se fijaba como fecha tope 1968, cuando falleció el guardia civil José Pardines Arcaya.
La Ley establece todo un mecanismo de acción y asistencia a las víctimas del terrorismo, tanto la respuesta inmediata después del atentado como todo un sistema de ayudas sanitarias, de acceso a la vivienda, laborales y educativas. Por ejemplo, las víctimas tendrán derecho a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica.
Como novedades se incluyen un reconocimiento a la figura del amenazado, ayudas a los españoles que sufran atentados terroristas fuera de la Unión Europea, la prohibición expresa de que en lugares públicos se haga ostentación del terrorismo o humillación, el derecho de las víctimas a no tener relación directa visual o sonora con los acusados en un juicio, y una regulación de las condecoraciones y honores públicos que se otorgarán a las víctimas.
Indemnizaciones
El texto incluye un baremo de indemnizaciones por fallecimiento (250.000 euros), por secuestro y por invalidez (75.000 que se pagarán en caso de incapacidad permanente parcial, 100.000 por incapacidad permanente total, 180.000 por incapacidad permanente absoluta y 500.000 en caso de gran invalidez). Se reconoce el derecho a reclamar las diferencias a todas aquellas víctimas que durante estos años hayan recibido cuantías menores.
Además, se establecen las cantidades máximas que el Estado asumirá en concepto de responsabilidad civil que se fija en sentencia con el objetivo de evitar las actuales desigualdades entre las cuantías que determinan jueces diferentes ante casos similares.
En concreto, el Estado asumirá hasta 500.000 euros por fallecimiento, 750.000 por gran invalidez, 300.000 por incapacidad permanente absoluta, 200.000 por incapacidad permanente total, 125.000 por incapacidad permanente parcial y hasta 100.000 euros por lesiones no invalidantes.